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Pronunciamiento de ASJ: Caso IHSS – Financiamiento de Campañas Políticas

Caiga quien caiga

El Ministerio Público debe investigar rigurosamente el origen de fondos que financiaron campañas de los partidos políticos en pasadas elecciones generales y todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional deben demostrar su voluntad para evitar el uso de fondos públicos e ilegítimos en el financiamiento del proselitismo electoral.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización de la sociedad civil conformada por cristianos valientes que trabajan para una sociedad donde prevalezca la justicia, enfocándose en lograr que el sistema gubernamental funcione y sea justo especialmente para los más vulnerables, ante las nuevas denuncias de participación de funcionarios y hasta partidos políticos en el escándalo de corrupción acaecido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se pronuncia en los siguientes términos:

  1. Hay nuevas denuncias, que el dinero robado del IHSS, fue a dar a políticos, funcionarios y hasta un partido político. Información suministrada por el Ministerio Público (MP), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y los medios de comunicación, señalan que recursos provenientes de actividades ilícitas generadas en el marco del escándalo de corrupción del IHSS, fueron transferidos desde entidades estatales a sociedades mercantiles, y desde estas a servidores públicos, políticos y partidos, lo que vendría a constatar, lo que muchos sectores de la sociedad hondureña han denunciado, en el sentido que burócratas, políticos y empresarios, conforman un consorcio nefasto que –mediante operaciones deshonestas y fraudulentas- sangra las instituciones del Estado para su favor particular, en menoscabo del bienestar colectivo.
  2. MUCHAS personas han sufrido y hasta muerto por este asqueroso acto de corrupción. Los que ejecutaron el latrocinio cometido en el IHSS, merecen ser castigados con todo el peso de la Ley, “caiga quien caiga”, ya que no solamente causaron un perjuicio al erario nacional, sino que –también- negaron el acceso a los servicios de salud a cientos de miles de derechohabientes que, aun y cuando pagaron sus cotizaciones, no recibieron atención oportuna, generándoles un detrimento en sus condiciones de salud, que –en muchos casos- tuvo un desenlace fatal. Un asqueroso acto de corrupción como el del IHSS, no puede quedar en impunidad, ya que si no se castiga a los culpables, se dará un mensaje claro que en Honduras, se puede estafar al Estado, robar a la población y enriquecerse ilícitamente, sin problema alguno, ya que el manto de impunidad cubre a delincuentes y criminales.
  3. Exigimos que el MP, con apoyo de expertos internacionales, investigue, CAIGA QUIEN CAIGA:

a) Quienes dieron y quienes recibieron fondos corruptos y sucios para financiar sus campañas. Resulta impostergable que, de forma expedita, sin retardo alguno, las fiscalías especiales del MP, con apoyo de expertos internacionales e independientes, procedan a investigar con seriedad y rigor, en primera instancia, sobre la existencia de financiamiento irregular a algún dirigente político o partido en particular, a través de operaciones financieras realizadas por funcionarios estatales, empresarios particulares o personas jurídicas dedicadas al comercio o la prestación de servicios al IHSS, otros actos corruptos o ilegales como el narcotráfico; de comprobarse algún hecho delictivo y/o criminal, debe informarse al pueblo hondureño, y ejecutarse la acción penal correspondiente para juzgar rápidamente y sancionar, de forma ejemplar a los que se enriquecieron ilícitamente o lavaron activos provenientes de transacciones ilegales en el IHSS, y a quienes violaron la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en torno al financiamiento de campañas proselitistas.

b) Quienes dieron y quienes recibieron fondos corruptos y sucios para su enriquecimiento personal. La investigación antes solicitada, debe esclarecer si hubo o no uso de recursos del gobierno central, Congreso Nacional y municipalidades, en claro perjuicio de las finanzas públicas; del mismo modo, debe indagarse si el crimen organizado, el narcotráfico o la delincuencia común, financió a algún partido político o a algún candidato a cargo de elección popular—ya sea para su campaña o para su enriquecimiento personal. Dicha averiguación no debe obviar identificar apoyo monetario, logístico o mediático de empresas privadas con intereses específicos y/o contratos-licencias vigentes o futuros (minería, térmicas, constructoras, farmacéuticas, etc.), a algún partido político en la pasada contienda de enero de 2013

4. También, la ASJ, exige al Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y todos los partidos políticos muestren su compromiso con la transparencia:

a) Que todos los partidos y políticos publiquen en sus respectivos portales en el internet, TODA su inversión en la campaña pasada y sus fuentes de financiamiento. Los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular que participaron en los pasados comicios generales, deben prestar toda la colaboración del caso, publicando en el internet TODA la información que desglose los gastos e inversiones, y financiamiento oficial y donaciones privadas recibidas—cumpliendo y superando lo que la legislación electoral exige.

b) Aprobar una nueva ley de financiamiento de campañas que cumpla con mejores prácticas internacionales. En respuesta a una terrible falencia jurídica e institucional, el Congreso Nacional de la República, debe aprobar, lo antes posible, con la participación incluyente y respaldo decidido de todas las fuerzas políticas y organizaciones de sociedad civil, una Ley que cumpla las mejores prácticas internacionales relativas a transparencia, acceso a información pública y rendición de cuentas del financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos. La ASJ, desde el año 2010, ha venido demandando este tipo de reformas legales a fin de contar con procesos electorales honestos y legítimos.

La ASJ, ratifica su compromiso de promover la transparencia y trabajar valientemente en el combate a la corrupción y vigilar el desempeño de las autoridades llamadas a representar los intereses de la sociedad; asimismo, motiva a la ciudadanía a ser intolerante ante los actos ilícitos y hostil ante los abusos de quienes detentan el poder político o económico, y viven en la más repugnante impunidad.

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