Sancionado el Estatuto Anticorrupción, el gran reto es su implementación: Transparencia por Colombia
Tras la sanción presidencial, el “Estatuto Anticorrupción” se convierte en una de las principales herramientas para comenzar a combatir la corrupción de una manera integral desde el Estado. Sin embargo, su implementación representa un gran reto más allá de la voluntad política del Gobierno: la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el compromiso de todos los sectores sociales, políticos y económicos para convertir esta Ley en una realidad.
Transparencia por Colombia celebra la voluntad política del Gobierno en combatir frontalmente la corrupción y la iniciativa desde la Presidencia de la República de construir una Política Integral Anticorrupción, que si bien todavía debe ser desarrollada, vincula en sus lineamientos a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra este flagelo y marca avances en los compromisos del Estado colombiano como signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Aunque esta no es la primera vez que un Gobierno hace explícita su decisión de combatir la corrupción con la promulgación de una Ley, se debe destacar su reconocimiento de los empresarios, ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales en el logro de este objetivo. Disposiciones del Estatuto, como la creación de la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y la obligación de las entidades públicas de elaborar planes anticorrupción y de atención al ciudadano, son un valioso progreso en la creación de herramientas y espacios para la participación ciudadana.
Transparencia por Colombia hace un llamado a la ciudadanía a vincularse a este propósito a través de ejercicios de control social a lo público y la colaboración con los organismos de control con la denuncia de hechos de corrupción. La lucha contra los corruptos no sólo queda en manos del Estado, es un asunto de todos.
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