Unidades de inteligencia financiera: herramientas poderosas contra la corrupción, si los gobiernos permiten que funcionen

Las unidades de inteligencia financiera, o UIF, tienen como objetivo detectar conexiones que otros no ven, tales como una empresa con un dueño oculto, una propiedad de lujo comprada con fondos de origen inexplicable, honorarios por una consultoría sin un servicio claro que los respalde o una transferencia que vincula a personas sin una relación financiera evidente.

En sí mismos, estos detalles pueden parecer incompletos o poco concluyentes. Sin embargo, analizados en su conjunto, pueden revelar la compleja arquitectura financiera detrás de la corrupción.

Las UIF son organismos públicos que reciben y analizan los reportes de operaciones sospechosas que les envían los bancos y otros sujetos obligados, y que posteriormente transmiten la información financiera a los organismos de aplicación de la ley, a los fiscales, a los supervisores y a sus contrapartes en el extranjero. Al ocupar un lugar central en los sistemas nacionales contra el lavado de dinero, las UIF conectan piezas de información que ningún banco o autoridad puede ver por sí solo.

Sin embargo, la eficacia de las UIF depende de la calidad de la información a la que tienen acceso, con su capacidad para procesarla y con las medidas que se tomen en consecuencia.

Una nueva investigación de Transparencia Internacional revela cómo veinte países han diseñado y respaldado a sus UIF y plantea una pregunta simple: ¿qué tan bien preparadas están estas instituciones para rastrear los flujos de dinero procedente de la corrupción y qué más necesitan para ayudar a frenarlos?

En las condiciones adecuadas, las UIF pueden convertir señales de alerta financiera dispersas en un esquema claro de una trama de corrupción. Su función no es reemplazar a los investigadores ni a los fiscales, sino identificar patrones sospechosos, corroborarlos con datos que los validen y enviar información de inteligencia a las autoridades competentes para que puedan avanzar en un caso.

La UIF de Chile, Unidad de Análisis Financiero (UAF), ayudó a detectar un caso de corrupción vinculado con gastos irregulares por parte de un carabinero de las fuerzas policiales nacionales. Un reporte de operación sospechosa activó un análisis más profundo y sirvió para descubrir lo que más tarde se determinó como un robo de fondos públicos y una trama de lavado de dinero. Finalmente, el caso culminó con 116 condenas entre 2019 y 2022.

En Francia, la inteligencia financiera puso al descubierto cómo se encubrieron los pagos a un alcalde, haciéndolos pasar por fondos destinados a organizaciones deportivas locales. Los pagos parecían legítimos en sí mismos. Solo cuando la UIF francesa, Tracfin, vinculó múltiples cuentas bancarias, rutas de pago y beneficiarios se hizo evidente la trama de corrupción, desencadenando un proceso penal y, más tarde, sentencias condenatorias en primera instancia.

Estos casos muestran el valor de las UIF cuando funcionan en su máximo potencial. Sin embargo, este tipo de impacto depende del acceso a información que muchas UIF aún no tienen.

En muchos países, se les pide a las UIF que sigan la ruta de los flujos de dinero procedente de la corrupción sin tener acceso confiable a información que revele quién es el propietario de esos activos, cuál es su origen y cuál ha sido su destino.

En 14 de los 20 países que evaluamos, las UIF tienen acceso directo a la información sobre beneficiarios finales —es decir, a los registros que indican quién es el propietario o quién maneja una empresa, un fideicomiso u otra estructura jurídica. Cuatro de los países evaluados —Chile, China, Italia y México— no cuentan con ningún registro operativo sobre beneficiarios finales, y el registro de Italia se encuentra actualmente suspendido.

De las UIF evaluadas, apenas ocho tienen acceso directo a los registros fiscales, mientras que solo 11 lo tienen a las bases de datos de las autoridades competentes. En más de la mitad de los países analizados, la legislación no define claramente a qué bases de datos pueden acceder las UIF ni qué nivel de acceso está permitido.

Esto no refleja simplemente brechas técnicas, sino obstáculos concretos para detectar la corrupción. Sin esas fuentes, los analistas pueden ver el movimiento del dinero, pero no las estructuras más amplias que hay detrás.

Los acontecimientos recientes en Estados Unidos muestran la rapidez con la que una herramienta clave para la transparencia puede perder su eficacia. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act) para las empresas constituidas en ese país, y, posteriormente, emitió una norma que las eximía por completo de la obligación de informar sobre los beneficiarios finales. Además, los cambios implican que las empresas extranjeras que aún continúan reguladas por la ley ya no tienen que informar sobre ningún beneficiario final estadounidense.

Como resultado, la UIF de Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ahora supervisa una base de datos que ya no incluye a las empresas constituidas en ese país, a sus propietarios ni a los ciudadanos estadounidenses que posean o controlen entidades extranjeras sujetas a la normativa. Según las estimaciones del Departamento del Tesoro, este retroceso excluye a más del 99 % de las empresas que la ley tenía previsto abarcar originalmente. Esto limitó considerablemente su capacidad para detectar casos complejos de corrupción, evasión de sanciones y tramas de lavado de dinero que involucran a empresas o propietarios estadounidenses.

Quienes intentan esconder la riqueza ilícita no recurren únicamente a las instituciones bancarias. También recurren a profesionales y sectores que contribuyen a crear empresas, comprar bienes inmuebles e integrar activos a la economía formal.

En general, los bancos están cubiertos por las normas contra el lavado de dinero, lo que incluye el envío de reportes de operaciones sospechosas a las UIF. Sin embargo, para muchos sectores no financieros de alto riesgo y profesiones, como abogados, contadores, profesionales del sector inmobiliario y proveedores de servicios para fideicomisos y empresas, la cobertura sigue siendo parcial.

Si bien estas profesiones brindan servicios legítimos, y a menudo esenciales, también pueden utilizarse indebidamente para ocultar la titularidad, estructurar la compra de bienes inmuebles, mover fondos o crear empresas que encubran el dinero procedente de la corrupción. Cuando los sectores de alto riesgo quedan fuera de los sistemas de reporte de operaciones sospechosas, las UIF pierden de vista los servicios que pueden hacer que la riqueza ilícita parezca legítima.

Nuestra investigación señala que la cobertura en la obligación de reportar sobre los casos de lavado de dinero para los sectores no financieros sigue siendo incompleta en la mitad de los países analizados (nueve de los veinte países).

Los riesgos varían según el país. En Brasil, los abogados no están sujetos a obligaciones exhaustivas en materia de lavado de dinero, lo que significa que no tienen obligación de reportar operaciones sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), la UIF de ese país. En Canadá, a partir de una decisión de la Corte Suprema, los abogados están exentos de presentar reportes de operaciones sospechosas al Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá.

En Francia, los abogados presentan reportes de operaciones sospechosas al presidente del Colegio de Abogados, quién los revisa y envía los reportes pertinentes a Tracfin. El objetivo de esta disposición es el de proteger el secreto profesional, pero también puede generar retrasos y filtros antes de que llegue a la UIF.

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación no se refiere a la información que reciben las UIF, sino a lo que ocurre después de que la comparten.

Es más probable que la información generada por la UIF sea utilizada cuando responde a una solicitud relacionada con una investigación en curso. En cambio, la información de inteligencia compartida de forma proactiva se emplea con menos frecuencia y tiene menos probabilidades de derivar en una investigación. En algunos países, las autoridades utilizan hasta el 97 % de la información de inteligencia que solicitan a las UIF, mientras que tan solo utilizan el 3 % de la inteligencia que estas comparten de manera proactiva.

Mientras que la inteligencia basada en solicitudes facilita las investigaciones que ya están en curso, la inteligencia proactiva ayuda a detectar posibles nuevos casos de corrupción. Si la inteligencia proactiva no se integra adecuadamente a las investigaciones, las UIF pasan a ser más reactivas que preventivas.

Detener el dinero sospechoso es otra cuestión. Las UIF en siete de los 20 países evaluados no pueden suspender operaciones sospechosas, lo que limita su capacidad para impedir que los fondos se muevan mientras las autoridades investigan.

Francia ofrece un modelo práctico. El sistema de «circuito corto» del país permite combinar la suspensión temporal de las transacciones con la actuación inmediata de los fiscales. Cuando Tracfin detecta una actividad sospechosa de alto riesgo, puede suspender la transacción mientras trabaja con los fiscales para que se puedan aplicar medidas judiciales de congelamiento o incautación de activos antes de que estos desaparezcan.

La cuestión es simple: la inteligencia financiera tiene mayor impacto cuando pasa rápidamente de la detección a la acción.

Seguir la ruta del dinero sigue siendo una de las formas más eficaces de destapar la corrupción. Pero las instituciones encargadas de ello necesitan tanto la capacidad de actuar como la protección frente a las presiones.

Las UIF pueden manejar información de inteligencia relacionada con personas políticamente expuestas – personas en cargos públicos destacados o cercanas a ellas – altos funcionarios o intereses económicos poderosos. Esto las puede hacer más vulnerables a presiones derivadas de limitaciones al acceso a información, facultades jurídicas poco claras, cambios en el liderazgo, restricciones presupuestarias o desacuerdos sobre cómo puede utilizarse la información de inteligencia.

Brasil es un ejemplo de cómo estas dinámicas se materializan en la práctica. En 2018, la COAF desempeñó un papel fundamental en la identificación de operaciones financieras sospechosas que, según lo informado, estaban vinculadas a Flávio Bolsonaro, hijo del entonces presidente Jair Bolsonaro, senador en funciones y ahora candidato presidencial en las próximas elecciones de Brasil. Esto contribuyó a que se abrieran investigaciones sobre presuntos casos de corrupción y lavado de dinero, las cuales, finalmente, fueron archivadas. A medida que avanzaban estos casos, el uso de la información de inteligencia de la UIF se convirtió en objeto de diferentes decisiones judiciales, como el fallo de la Corte Suprema que suspendió, de forma provisoria, numerosas investigaciones basadas en información brindada por la UIF. Si bien los siguientes fallos reafirmaron la legalidad de las facultades de la UIF para compartir información, los litigios posteriores continuaron generando incertidumbre respecto de cómo se puede utilizar la inteligencia financiera en los procesos penales.

En los países evaluados, las salvaguardias para proteger la independencia de las UIF son desiguales. En 12 países, los marcos jurídicos que rigen el nombramiento y la destitución de los responsables de las UIF presentan deficiencias que pueden afectar su independencia operativa.

Además, muchas UIF cuentan con recursos limitados. Los niveles presupuestarios y el personal suelen ser suficientes para mantener las operaciones, pero no alcanzan para invertir en tecnología que les permita ir al compás de los riesgos emergentes, realizar mejores análisis o profundizar la cooperación. Esto significa que, muy probablemente, no puedan responder a exigencias operativas adicionales que deriven de un aumento de reportes de operaciones sospechosas o de las solicitudes de cooperación internacional.

Las debilidades identificadas en el informe no son inevitables. Son el resultado de decisiones de política pública y, por lo tanto, pueden solucionarse.

Los gobiernos deberían ofrecer a las UIF los medios necesarios para cumplir con su trabajo: acceso a la información pertinente, facultades claras para actuar, protección frente a presiones políticas y recursos adecuados. Asimismo, deberían tomar medidas para fortalecer la cooperación con las autoridades de investigación y persecución penal, las fiscalías, los organismos de supervisión y sus contrapartes en el extranjero.

De lo contrario, se les seguirá pidiendo a las UIF que sigan la ruta del dinero vinculado con la corrupción sin tener una mirada completa de la situación. Al contar con mayor acceso a la información adecuada, pueden aportar la inteligencia necesaria para investigar y recuperar los activos robados y exigir rendición de cuentas a quienes ocultan, transfieren y se benefician de la riqueza vinculada con la corrupción.

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