IPC 2024 para las Américas: La corrupción fomenta los delitos ambientales y la impunidad en la región

Con un promedio regional de 42 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC), la región de las Américas debe implementar acciones urgentes para controlar la corrupción. La ausencia de medidas efectivas promueve las violaciones de derechos humanos e incrementa la influencia de las élites económicas y políticas, y el crimen organizado en los asuntos públicos. Este contexto perpetúa la impunidad y socava la capacidad de los países para responder al cambio climático, con graves consecuencias para sus habitantes.

Los países que lideran la región este año son Uruguay (puntuación del IPC: 76), Canadá (75) y Barbados (68), democracias relativamente estables con altos niveles de transparencia y participación ciudadana. En el otro extremo, los Estados permeados por el crimen organizado y especialmente afectados por violaciones de los derechos humanos obtienen los puntajes más bajos: Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

En las Américas, la corrupción generalizada obstaculiza los esfuerzos para combatir el cambio climático y degrada el medioambiente. Las personas también sufren las consecuencias. Por un lado, pone en riesgo el derecho reconocido por las Naciones Unidas a vivir en un entorno saludable; por el otro, destruye los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas de la región.

La debilidad de las instituciones y la falta de transparencia permiten que el crimen organizado controle vastas áreas de la región, donde explota recursos naturales sin tomar en cuenta las consecuencias para el medioambiente. Esto se manifiesta en delitos ambientales como la tala ilegal en Ecuador (32), la minería ilegal en Chile (63) y Colombia (39), y el tráfico de vida silvestre en Brasil (34). A lo largo de la región, estas actividades se sostienen gracias a la corrupción y el lavado de dinero. En Brasil, por ejemplo, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero derivados del tráfico de vida silvestre.

Sin embargo, el crimen organizado no es el único responsable de los daños ambientales. Las élites políticas y económicas también se aprovechan de la debilidad institucional, recurriendo a fraudes en contrataciones públicas, sobornos y a la manipulación de políticas ambientales para su propio beneficio. En Perú (31), por ejemplo, expertos señalan que la modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2024 fomentará la deforestación ilegal y responde a intereses particulares.

La sociedad civil y las y los defensores ambientales son fundamentales para crear conciencia y exigir al gobierno que actúe contra la corrupción y los delitos ambientales. A pesar del compromiso de 25 países latinoamericanos con el Acuerdo de Escazú para proteger a los activistas medioambiente, la región sigue siendo la más peligrosa para estos activistas. En Honduras (22), investigaciones recientes han revelado la participación coordinada de empresarios, políticos y el crimen organizado en al menos tres asesinatos de defensores ambientales, que habían expuesto esquemas de corrupción vinculados a estos actores.

Con una puntuación de 76, Uruguay se destaca por sus instituciones sólidas, su gestión transparente de datos ambientales y canales efectivos de participación ciudadana. La confianza de los uruguayos en sus instituciones protegió al país de la polarización y el populismo que afectan a muchos países de la región, permitiendo la celebración de elecciones presidenciales pacíficas y con altos niveles de integridad.

En Centroamérica, Guatemala (25) ha mejorado dos puntos tras años de un declive significativo. En 2024 el país abrió canales de participación ciudadana y comenzó a digitalizar funciones públicas para reducir los riesgos de corrupción. En República Dominicana (36), acciones similares han demostrado ser efectivas, logrando un aumento de seis puntos en los últimos cuatro años. Sin embargo, ambos países aún tienen un largo camino por recorrer para combatir la impunidad. Guatemala debe fortalecer con urgencia la independencia de su Poder Judicial y del Ministerio Público, instituciones que siguen bajo la influencia de redes corruptas. Por su parte, República Dominicana debe acelerar las investigaciones actuales de casos de gran corrupción antes de que se desestimen por incumplir los plazos legales.

El aumento en las restricciones a la información pública y la participación ciudadana constituye uno de los mayores retrocesos en la región. En Argentina (37), un nuevo decreto redefinió los conceptos de información pública y privada, limitando el acceso de la ciudadanía, mientras que la cantidad y calidad de las respuestas del poder ejecutivo a las solicitudes de acceso a la información han disminuido.

En El Salvador (30), país que ha caído nueve puntos desde 2015, la nueva ley de contrataciones públicas limitó el acceso público a la información, permitiendo una mayor discrecionalidad a las personas tomadoras de decisiones y obstaculizando la rendición de cuentas en la adquisición de bienes y servicios públicos.

En Guyana (39), la captura del Estado por parte de las élites económicas y políticas fomenta la malversación de recursos, el enriquecimiento ilícito y los delitos ambientales. Aunque el país ha creado instituciones y leyes contra la corrupción, los niveles de transparencia y aplicación de la ley son muy bajos, y los ataques a voces disidentes, activistas y periodistas son cada vez más comunes.

En toda la región, la debilidad y opacidad del Poder Judicial limita la aplicación efectiva de la ley y el acceso a la justicia.

México (26) se encuentra en una trayectoria descendente, con una caída de cinco puntos en solo un año. El Poder Judicial no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos, como Odebrecht y Segalmex, los cuales han involucrado violaciones a derechos humanos y daños al medioambiente. A pesar de las promesas del expresidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y devolver los activos robados al pueblo, su mandato de seis años terminó sin condenas ni recuperación de activos.

Estados Unidos (65) también cayó cuatro puntos en medio de las críticas a su Poder Judicial. La Corte Suprema instituyó un nuevo código ético en 2023 después de una serie de escándalos éticos de alto perfil y ampliamente publicitados. Sin embargo, persisten serias dudas sobre la falta de mecanismos de aplicación de la ley objetivos y significativos, así como sobre la solidez de las nuevas reglas.

Para superar la corrupción y construir sociedades más pacíficas, resilientes y sostenibles, los países de las Américas deben garantizar la protección de quienes denuncian la corrupción y exigen la rendición de cuentas. Las estrategias que fortalecen la democracia, como el aumento de los mecanismos de transparencia para detectar conflictos interés son fundamentales, pero por sí solas no bastan para frenar la influencia indebida de las élites y el crimen organizado. Para lograrlo, es crucial fortalecer las investigaciones y sanciones, así como la regulación de los contadores, instituciones financieras y abogados que permiten a los corruptos y criminales ocultar su dinero sucio.