Persisten riesgos de corrupción y clientelismo en los programas sociales

Guatemala City - De acuerdo con estudios previos realizados por Acción Ciudadana (AC) los Programas Sociales implementados en Guatemala, si bien son una plataforma para reducir la brecha de desigualdad en el país, son altamente vulnerables a abusos de poder y uso clientelar si no se cuenta con mecanismos efectivos de control y monitoreo para los procesos que los componen. De esa cuenta, AC, como capítulo Guatemalteco de Transparency International, evaluó en el año 2012 e inicios del año 2013 los programas: “Mi Bono Seguro”, “Bolsa Segura”, “Comedores Seguros” y “Jóvenes Protagonistas” para determinar si existen riesgos de corrupción dentro de los mismos.

Los principales hallazgos de esa evaluación se describen a continuación:

• Todos los Manuales de Procesos de los programas sociales se encuentran aún en “Proceso de Elaboración”, por lo que no están disponibles al público o a los y las usuarias, pese a que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se creó en febrero de 2012.
• A excepción de “Mi Bono Seguro”, los manuales de procesos no especifican los componentes de cada programa, los funcionarios a cargo de cada componente, los instrumentos de monitoreo de resultados, los mecanismos de mitigación de riesgos, etcétera. Asimismo, no se cuenta con mecanismos reglamentados de control y monitoreo para los programas.
• Los programas sociales no se han adaptado a los factores culturales, lingüísticos, de género y de habilidades diferenciadas de la población.
• El MIDES cuenta únicamente con un número de teléfono (2491-0900) para la recepción de denuncias, quejas o reclamos y no existen mecanismos efectivos para su tratamiento.
• En el caso del programa “Bolsa Segura”, los mecanismos de focalización y exclusión de usuarios y usuarias son poco rigurosos. La poca reglamentación pone en riesgo a las usuarias a prácticas de corrupción y abuso de poder.
• Las y los usuarios no tienen acceso a mecanismos de auditoría social, mismos que deberían ser facilitados por el MIDES, pues sin ellos los usuarios y usuarias quedan vulnerables a abusos y malas prácticas.
• Los programas sociales evaluados no cuentan con mecanismos de rendición de cuentas a otros actores Estatales. Ni existe una entidad estatal especializada en la evaluación de los mismos.
• El MIDES no tiene mecanismos de rendición de cuentas a otros actores No Estatales.
• En la inauguración y en actividades públicas de entrega de beneficios se observa la presencia de funcionarios de gobierno que no pertenecen al MIDES. Esta práctica puede derivar en prácticas clientelares.
• A pesar de existir manuales y procedimientos establecidos para los funcionarios de turno, estos no se cumplen y se evidencia la intervención de actores externos con intereses clientelares.

A partir de los hallazgos descritos anteriormente, AC plantean las recomendaciones siguientes:

• Es necesaria la implementación de manuales de operación explícitos y específicos para cada programa en los que se incluya los componentes de cada uno con sus respectivos objetivos, responsables (y responsabilidades), resultados esperados, recursos necesarios para su implementación, temporalidad y metodologías de evaluación, riesgos, mitigación de riesgos y sanciones. La implementación de estos manuales supone el fin de la arbitrariedad en el actuar de los funcionarios a la vez que protege a los usuarios de prácticas de abuso de poder.
• Es necesaria la adaptación de todos los componentes del programa a la realidad lingüística, cultural (étnica) y de género de las y los usuarias, en respeto a los derechos de la población.
• Es urgente la creación y publicación del RUI (Registro Único de Usuarios) para los programas sociales pues éste transparentará el uso de recursos del Estado y permitirá el monitoreo y control por parte de la población.
• Las políticas sociales de transferencias y subsidios deben estar vinculados entre sí para que los esfuerzos que se realizan en materia de salud, educación y nutrición obtengan logros sustantivos para la población.
• La implementación de evaluaciones Estatales y No estatales contribuiría a un efectivo monitoreo y control, así como a la optimización del uso de los recursos públicos para la correcta focalización de los beneficiarios, la reducción de la pobreza y generación de capital humano para alcanzar un desarrollo sostenible.
• Evitar la presencia de funcionarios públicos ajenos al MIDES en las actividades que desarrolla en el marco de la implementación de los diferentes programas sociales que ejecuta para disminuir el riesgo de su uso clientelar.
• Es vital desarrollar mecanismos que blinden los programas sociales para evitar su uso clientelar durante los procesos electorales (blindaje electoral).

Ante esta situación Acción Ciudadana exhorta al Ministerio de Desarrollo Social a implementar mecanismos de transparencia, monitoreo y control que contribuyan a que los programas sociales cumplan con su objetivo para reducir la brecha de desigualdad y pobreza.

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