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Aumentan las empresas de propiedad estatal sin adecuados mecanismos de transparencia en Venezuela

Una investigación iniciada por Transparencia Venezuela en julio de 2016 logró determinar que desde 2001 hasta 2017, el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, por la vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero o de creación de nuevas compañías. Este número es cuatro veces las que tiene Brasil (130) y diez veces, las que posee Argentina (52).

El estudio precisó que el Estado venezolano tiene empresas en todos los sectores, no solo en los que son considerados estratégicos como energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Están distribuidas de la siguiente manera: 25% son de manufactura; 13% de los sectores agroalimentario, ganadería y pesca; 12% petroleras; 7% son instituciones financieras; 7% de servicios; 6,5% de transporte; 5% de construcción; 5% de comunicación; 4% de minería y el resto de electricidad, agua, hoteles y hasta una empresa aeroespacial.

De las 526 empresas identificadas, 114 son filiales de PDVSA, aunque 42 de ellas no son petroleras. Esto indica que la estatal petrolera actuó como la gran financista de la expansión del Estado empresario.

Al profundizar en las compañías de los sectores petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, la investigación determinó elementos comunes como la opacidad, débiles controles legales, ausencia de rendición de cuentas, cambios frecuentes en los órganos de adscripción y autoridades e impunidad, así mismo que “han sido utilizadas para la creación de mafias de distribución en mercados paralelos, incluso el contrabando; mientras que ha afectado severamente la productividad del empresariado privado y limitado las opciones de compra de los ciudadanos en general” según se lee en el informe del estudio. También a través de las EPE se ha aprovechado el acceso a divisas subsidiadas bajo monopolio del Gobierno.

La mayoría de las empresas no han reportado beneficios al país, ni en dividendos, regalías o impuestos, ni mucho menos en bienes y servicios. “En relación a la promoción del desarrollo y el estímulo a la producción local, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante expresan una caída acumulada del 35% desde el último trimestre de 2013 hasta junio de 2017, mientras que los datos de balanza comercial reflejan mayor dependencia de las importaciones y disminución de la cantidad y variedad de productos de exportación”.

“El estudio permite concluir que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro propiciaron una estructura institucional de empresas para la extracción de recursos por parte de una élite, la captura del Estado y el control político, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, elementos que son característicos de una cleptocracia”, señaló Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Señaló De Freitas que la dramática crisis nacional, que desde 2016 se considera crisis humanitaria, es en parte responsabilidad de la pésima gestión de las EPE del sector manufactura, agroindustrial y comercial, pues el Estado venezolano cuenta con importantes fabricantes de los rubros básicos que escasean en el país y en vez de aumentar la producción de los mismos, la ha disminuido.

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