Transparencia Internacional: El asilo otorgado por Colombia al expresidente de Panamá condenado por lavado de dinero socava la lucha contra la corrupción
La decisión de Colombia de acoger al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, constituye un uso indebido del asilo político y fomenta la impunidad en la región
Berlín — Transparencia Internacional condena enérgicamente la decisión del gobierno colombiano de conceder asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero. Esta decisión le permite eludir la rendición de cuentas y sienta un precedente negativo para toda la región.
Durante el fin de semana, Martinelli recibió un salvoconducto para viajar a Colombia tras pasar más de un año dentro de la misión diplomática de Nicaragua en la Ciudad de Panamá, donde se refugió para evitar cumplir una condena de 10 años de prisión por lavado de dinero. Este caso no es aislado en la región. El mes pasado, Brasil concedió asilo político a la ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, y a su hijo, a pesar de que la justicia peruana la había condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. El uso indebido del asilo político en América Latina para proteger a personas involucradas en casos de corrupción es preocupante y no debe convertirse en una tendencia regional.
El derecho internacional obliga a los Estados a conceder asilo a quienes tengan un “temor fundado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dicho temor, no quieran acogerse a la protección de ese país”. En el caso de Martinelli, no existen indicios de persecución de este tipo.
Maira Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, afirmó:
“La decisión de conceder asilo a Ricardo Martinelli atenta contra el estado de derecho y la rendición de cuentas. No se puede permitir, una y otra vez, que los políticos de alto nivel eludan la justicia. Este precedente es sumamente peligroso, pues puede seguir debilitando la confianza en las instituciones judiciales y afectar gravemente los esfuerzos contra la corrupción en toda la región.”
Panamá es una democracia con un sistema judicial en funcionamiento, y no hay pruebas que indiquen persecución política en el caso de Martinelli. Su condena se dictó respetando el debido proceso, y la sentencia es firme e inapelable según la legislación panameña. Protegerlo de la justicia socava gravemente la integridad legal no solo en Panamá y Colombia, sino en toda América Latina, donde los esfuerzos por enjuiciar casos de corrupción a alto nivel siguen siendo escasos y frágiles. Los gobiernos de la región no pueden cerrar los ojos ante estas acciones y deben reafirmar su compromiso con el estado de derecho.
