Mensaje a la comunidad international

Los nicaragüenses hemos visto en los últimos meses, con estupor e indignación, cómo se revelan, uno tras otro, escándalos de corrupción que envuelven a personas que actuaron al amparo del poder para enriquecerse ilícitamente durante la pasada administración. Es tal la magnitud de esos actos, que la deuda interna de Nicaragua se vuelve hoy una carga insoportable, lo mismo que el déficit fiscal.

El Presidente Enrique Bolaños, electo por el voto de una significativa mayoría del pueblo nicaragüense, se ha empeñado desde el principio en deslindar, a través de los tribunales de justicia, las responsabilidades de quienes aparecen señalados como autores de esta catástrofe; gran parte de los funcionarios acusados ha huido del país, otros se encuentran en la cárcel a la orden de los jueces, y otros se escudan en la inmunidad parlamentaria, en un plan preconcebido para eludir la justicia.

Los organismos financieros internacionales y la comunidad de países que prestan apoyo a Nicaragua deben entender que ningún plan de ajuste monetario será viable, y que el país no podrá emprender la marcha de la recuperación económica, mientras el gobierno del presidente Bolaños no pueda concluir con éxito las principales acciones emprendidas en contra de la corrupción. Estas pasan necesariamente por el enjuiciamiento legal de aquellos contra quienes se acumulan un sinnúmero de cargos por fraude y malversación de fondos públicos.

La actual situación de inestabilidad política y económica que sufre Nicaragua, no se debe a una confrontación entre dos poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo, sino al acaparamiento abusivo de poder del Presidente de la Asamblea Nacional Arnoldo Alemán, quien pretende ejercer control, a través de lealtades personales, sobre los otros poderes e instituciones del Estado, desafiando la legitimidad y la autoridad del Ejecutivo.

La lucha por la transparencia e independencia de las instituciones es una misma con la lucha contra la corrupción, la que no consiste solamente en el saqueo de los bienes y recursos del Estado, sino también en el uso de las instituciones para propósitos de poder personal.

Diversas encuestas demuestran el respaldo abrumador que los nicaragüenses otorgamos a la lucha contra la corrupción, y a la defensa de las instituciones para que dejen de ser instrumentos al servicio de intereses personales autoritarios. Nicaragua clama por su dignidad y sus valores éticos, determinada a que el poder no sirva más para crear fortunas a costa de los más pobres y marginados, y en detrimento del progreso de toda nuestra nación. El país no puede ser rehén de nadie.

En nombre de este sentimiento ciudadano nos dirigimos a la Comunidad Internacional para que demuestre su respaldo a esta lucha de la cual depende nuestro futuro y otorgue un tratamiento especial de emergencia a nuestro país. Mientras el gobierno continua el procesamiento judicial de quienes responderán por sus actos ilícitos cuando sean despojados de su inmunidad, los recursos externos ya prometidos, y los que están en vías de ser contratados, deben fluir sin dilaciones para que Nicaragua salga del estancamiento económico, provocado precisamente por la bancarrota en que los corruptos la dejaron.

Separar una cosa de la otra, y pretender que Nicaragua sea sometida a los requerimientos y plazos de un país en situación normal, no sería de ninguna manera justo, y sólo obraría en beneficio de quienes, siendo responsables de la presente situación, quieren seguir asentándose en la desesperanza y en el caos que sembraron. Nicaragua puede convertirse en un modelo exitoso de lucha contra la corrupción. Pero no apoyarnos significa alentar a los corruptos; y el fracaso en esta lucha, por falta de respaldo internacional, crearía un pésimo precedente no sólo en Nicaragua, sino también en otros países de América Latina.

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