Desaliento ante lucha anticorrupción

Según datos de la V Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética, capítulo peruano de Transparency International

Proética ha realizado cinco mediciones nacionales sobre actitudes y percepciones de los peruanos ante la corrupción. La correspondiente al año 2006 se hizo a poco de asumir el nuevo gobierno. En ese entonces las variables mostraron una mejora con respecto al año 2004, denotando un optimismo de la población ante lo que pudiera lograr el gobierno aprista contra la corrupción. Sin embargo, la medición de 2008, realizada entre fines de septiembre e inicios de octubre, registró un deterioro claro de las expectativas de los encuestados, volviendo a aparecer desconfianza y escepticismo frente a la posibilidad de superar la corrupción en el país y en el Estado.

En cuanto a la opinión sobre las instituciones se puede apreciar que, a pesar de mantener una serie de problemas, el Poder Judicial y la Policía han venido mejorando su imagen ante la población desde el año 2003; mientras que, por efectos de los escándalos, el Congreso ha mostrado la variación más fuerte y clara con respecto a la encuesta de 2006.

Sin embargo, cuando se pregunta por la percepción de corrupción entre funcionarios públicos son los jueces y los policías los que la población ve como los más “corruptibles”. Así, las posibilidades de sobornar a un policía alcanzan el 68% y a un juez el 64%. En sentido contrario, 55% de encuestados opinó que era improbable o poco probable sobornar a un profesor.

En general, la corrupción abona a la desconfianza de la gente frente a las instituciones. Cuando se le preguntó a la población por las entidades en que más confían para luchar contra la corrupción, 20% señaló a la Defensoría del Pueblo (casi el doble que la medición anterior el 2006) y 9% a la iglesia Católica (5% el 2006). El dato más notorio, lamentablemente, fue que 49% mencionó que no confía en ninguna. En 2006 esa proporción había llegado a 39%.

La percepción de corrupción también abona al aumento de la tolerancia cotidiana hacia la transgresión. La encuesta muestra que, ante una serie de actos transgresores o “vivezas” (evitar pagar el pasaje si se puede o no pedir recibo para evitar el IGV) y de pequeña corrupción (pagar una propina para que se le perdone una multa o dar un obsequio para agilizar un trámite judicial o municipal), la actitud de la población se ha vuelto notoriamente más laxa: la tolerancia media ha llegado a aumentar hasta 12% en algunos casos, mientras que el rechazo definido se ha reducido en proporciones similares con respecto a la medición del año 2006.

Esto genera un ambiente muy negativo para la lucha contra la corrupción, que se traduce en la falta de motivación para denunciar actos de corrupción conocidos. Solo el 8% de las personas que se vieron afectadas por un acto corrupto hicieron la denuncia. El 92% que no denunció argumentó principalmente que no lo hizo para no verse envuelto en más problemas (24%) o que hacerlo no sirve para nada (20%).

A ello hay que sumar la pésima evaluación que hace la población sobre el procesamiento de las denuncias de corrupción. Este año ha aumentado considerablemente la proporción de personas que creen que poner una denuncia no es nada efectivo (de 39% a 49%). Este dato es mucho más elevado en el caso de la sierra sur y central, en donde la evaluación negativa llega a 52% y 64% respectivamente.

Todo esto está asociado con una fuerte percepción de que en el Perú las leyes no se respetan (79%), debido a que: están hechas para favorecer a los poderosos (22%), no hay sentido cívico entre la población (19%), no están adecuadas a la realidad (18%), la ignorancia (15%), son engorrosas (14%) o no habrá castigo si no se las cumple (11%).

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María Eugenia Esparza
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