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Gobierno venezolano silencia informe de corrupción dirigido a la OEA

Corruption Report to the OAS silenced by the Venezuelan government

Chile Transparente respaldó trabajo de Transparencia Venezuela: El documento censurado muestra un nulo avance en el cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y de las 60 recomendaciones que se realizaron a dicho país en 2004.

El presidente de Chile Transparente, Davor Harasic, respaldó plenamente la labor realizada por Transparencia Venezuela, luego de que el gobierno de este país interviniera para no hacer público el informe enviado por esta entidad a la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual daba a conocer los niveles de cumplimiento de este país con la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

El documento censurado se basa en información oficial del Estado venezolano y demuestra un nulo avance en el cumplimiento de la Convención y de las 60 recomendaciones realizadas a este país en la primera ronda de evaluación en 2004.

Amparándose en un fallo jurídico del año 2000, el gobierno determinó que Transparencia Venezuela no es una organización de la sociedad civil y que no puede participar en ésta, por recibir fondos del exterior.

En este sentido, Transparency International hizo un llamado para que la OEA reconozca esta violación y defienda el derecho participativo de la sociedad civil para dar seguimiento legítimo a los compromisos de los países con la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a través de Transparencia Venezuela, que es la única organización que monitorea el cumplimiento de éstos.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, aseguró que “este impedimento es una grave limitación a la participación de la sociedad civil, que está siendo aceptada abiertamente por la OEA y que no nos permite realizar una labor que tenemos por derecho y que es vital para la lucha contra la corrupción en el país”.

Por su parte, el presidente de Chile Transparente, Davor Harasic, agregó que “es impensado que en cualquier país del mundo suceda este tipo de situaciones, que no dejan actuar libremente a un organismo que sólo busca el bien de una sociedad a través de la transparencia. Rechazamos categóricamente la actitud del gobierno venezolano y mucho más rechazamos la actitud que está adoptando la OEA”.

“Transparencia Venezuela no está incumpliendo ninguna exigencia legal. La decisión del gobierno venezolano fija un preocupante precedente para toda América Latina, que permitiría entregar a cualquier ente público la potestad de seleccionar quién puede y quién no hacer contraloría social, todo ello contrario a los principios de una sociedad libre y de la propia OEA”, añadió.

El contenido del informe de Transparencia Venezuela se concentra en dar respuestas al cuestionario oficial de evaluación del Comité de Expertos de esta entidad, basado en cuatro áreas: sistemas para la contratación de funcionarios públicos y adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; sistemas para proteger a los funcionarios públicos y funcionarios particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; tipificación legal de actos de corrupción; y seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe por país de la primera ronda de evaluación de julio 2004.


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