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GOBIERNO VENEZOLANO IMPIDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OEA

Issued by Transparency International Secretariat

El gobierno venezolano intervino en el proceso oficial de participación de Transparencia Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de silenciar un informe sobre el cumplimiento del país con la Convención Interamericana contra la Corrupción. El informe censurado por Venezuela está basado en información oficial del estado y demuestra un nulo avance en el cumplimiento de la Convención y de las 60 recomendaciones realizadas a Venezuela en la primera ronda de evaluación en 2004.

Transparencia Venezuela y Transparency International (TI), el Secretariado internacional, hacen un llamado para que la OEA reconozca esta violación y defienda el derecho participativo de la sociedad civil en dar seguimiento legítimo a los compromisos de los países. La OEA, cuyos reglamentos promueven la ampliación de la participación de la sociedad civil, ha tenido oportunidad de intervenir a favor de la libre participación desde diciembre 2006, cuando Venezuela inició el proceso de obstruir el informe de Transparencia Venezuela

“Este impedimento es una grave limitación a la participación de la sociedad civil que está siendo aceptado abiertamente por la OEA y que nos impide realizar una labor que tenemos por derecho y que es vital para la lucha contra la corrupción en el país”, dijo Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Transparencia Venezuela es la única organización de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento de los compromisos anticorrupción respecto a la Convención en Venezuela. El informe, una respuesta al formulario de evaluación de cumplimiento emitido por la OEA, hubiese sido presentado formalmente el lunes ante el Comité de Expertos encargados de dar seguimiento a la Convención. El Comité toma en consideración el análisis y recomendaciones de la sociedad civil como información paralela a la que le entregan los gobiernos evaluados.

“La OEA está aceptando una limitación que socava la efectividad del proceso de evaluación con la colaboración de entidades independientes, y por ende la implementación efectiva de la Convención. Esta convención corre el riesgo de fracasar”, dijo Silke Pfeiffer, Directora para América de Transparency International.

Amparándose en un fallo jurídico de 2000, el gobierno venezolano determina que Transparencia Venezuela no es una organización de la sociedad civil venezolana, y que no puede participar en el proceso formal, por recibir fondos del exterior.

“Nosotros no estamos incumpliendo ninguna exigencia legal. Esta decisión fija el preocupante precedente para toda América Latina, que permitiría entregar a cualquier ente público la potestad de seleccionar quién puede y quién no puede hacerle contraloría social, todo ello contrario a los principios de una sociedad libre y de la propia OEA”, dijo De Freitas.

Luego de que Transparencia Venezuela sometiera su informe a la OEA en el plazo establecido en noviembre de 2006, el Contralor General de la República, representación oficial de Venezuela, exigió al Comité retirar el informe de Transparencia Venezuela de la web de OEA y no aceptó que el lunes 25 de junio se presentara ante el Comité como el resto de las organizaciones de sociedad civil de los otros países evaluados.

Treinta y dos organizaciones de la sociedad civil en todo América manifestaron su preocupación en Junio mediante una comunicación rechazando la decisión de la OEA, enfatizando que esto implicaría un abierto caso de violación del derecho de participación de la sociedad civil dentro del proceso formal que existe precisamente para otorgar un foro de participación independiente.

El contenido del informe de Transparencia Venezuela, se concentra en dar respuestas al cuestionario oficial de evaluación del Comité de Expertos, basado en cuatro áreas: sistemas para la contratación de funcionarios públicos y la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; sistemas para proteger a los funcionarios públicos y funcionarios particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; tipificación legal de actos de corrupción, y el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe por país de la primera ronda de evaluación de julio 2004.

Nota a los editores:

Una copia de la solicitud del gobierno venezolano a la OEA para que retirase el informe de Transparencia Venezuela de su página web está disponible aquí.


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