Es momento de suspender las patentes de las vacunas contra el COVID-19

La pandemia de COVID-19 le ha costado a la humanidad innumerables vidas. La crisis sanitaria ha aumentado dramáticamente la corrupción en las compras públicas y el acceso a los servicios de salud. Al mismo tiempo las respuestas a la emergencia han debilitado el Estado de Derecho y han restringido el espacio de la sociedad civil en muchos países.

La respuesta efectiva al COVID-19 demanda medidas excepcionales de acción colectiva a nivel global para asegurar que nadie quede atrás. Es un imperativo ético y también una cuestión de sostenibilidad de nuestras sociedades.

Es también el camino para enfrentar la amenaza global que representa la pandemia, ya que ningún país y ninguna persona estará protegida hasta que todos lo estemos.

Gracias a la investigación e innovación científica, varias vacunas contra el COVID-19 fueron desarrolladas en tiempo récord y las campañas de vacunación pudieron empezar en los países ricos alrededor de diciembre de 2020.

Aun antes de la autorización de las vacunas por las autoridades sanitarias, las compañías farmacéuticas firmaron múltiples contratos con los gobiernos de los países de renta alta y media, comprometiéndose a proveer billones de dosis. En realidad, los países no estaban comprando dosis de vacunas, sino la expectativa de recibir esas dosis. La falta de transparencia y la confidencialidad de los contratos permitió a las autoridades anunciar que millones de ciudadanos serían rápidamente vacunados. Sin embargo, en muchos países, esa promesa no se ha cumplido

Las compañías farmacéuticas sobreestimaron su capacidad de producción, lo que resultó en una dramática escasez de vacunas disponibles, y el incumplimiento de los contratos lo que ha dado lugar a acciones judiciales. La escasez de vacunas ha llevado a algunos países productores a limitar o incluso prohibir la exportación de vacunas hasta que la demanda local esté cubierta. El cuello de botella en la producción ha determinado una clara desigualdad en el acceso a las vacunas con efectos devastadores en muchos países.

Hasta mayo de 2021, alrededor del 80% de las vacunas producidas a nivel mundial han sido administradas en países de renta alta y media. En contraste, se estima que en algunos países pobres no se podrá vacunar masivamente a la población -para alcanzar la inmunidad de rebaño- antes de 2024. Mientras tanto, el virus continua mutando y aparecen nuevas variantes lo que acelera los contagios y aumenta el número de victimas fatales.

Frente a esta situación, resulta esencial remover las barreras legales que obstaculizan el aumento de la producción mundial de las vacunas. Las licencias voluntarias (otorgadas por los titulares de las patentes) han probado ser insuficientes. Las licencias obligatorias (otorgadas por los gobiernos a compañías locales, sin consentimiento de los titulares de las patentes) constituyen un procedimiento complicado legal y políticamente, además de insumir mucho tiempo.

Con el fin de favorecer la transferencia de tecnología y conocimientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha un Mecanismo de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP, por sus siglas en Inglés). Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las compañías productoras de vacunas se ha sumado a la iniciativa.

En octubre de 2020, India y Sudáfrica presentaron, ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), una propuesta para la suspensión temporaria de las patentes sobre las vacunas contra el COVID-19, con el fin de incentivar la producción global. La iniciativa fue acompañada por más de 100 países, la OMS, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, así como por numerosos académicos, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y expertos. El pasado 5 de mayo, EEUU anunció su apoyo al levantamiento temporal de la protección a la propiedad intelectual sobre las vacunas contra el COVID-19.

Ha llegado la hora de que la OMC acuerde la suspensión temporal de las patentes sobre los medicamentos y vacunas contra el COVID-19.

Como señalaron más de 80 ex-Jefes de Estado y de Gobierno y Premios Nobel en su carta abierta al Presiente de los EEUU el pasado 14 de abril: “La suspensión de las patentes por parte de la OMC es un paso vital y necesario para poner fin a la pandemia. Debe combinarse con la apertura de la transferencia de tecnología y conocimiento. […] Estas acciones aumentarán la capacidad de producción global, sin el obstáculo de monopolios industriales que están ocasionando la grave escasez de suministro que bloquea el acceso a las vacunas.”

Transparencia Internacional apoya la iniciativa The People’s Vaccine. Como afirma el Premio Nobel Muhammad Yunus -uno de los promotores de la iniciativa-: “Esta propuesta, que supone una muestra de solidaridad humana que permitiría garantizar que el conjunto de la familia humana reciba los medicamentos y vacunas al mismo tiempo, no es tan solo un acto de caridad, sino que en realidad favorece los intereses del mundo rico.”

Transparencia Internacional urge a los países miembros de la OMC para que acuerden la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos y vacunas contra el COVID-19.

Es el momento de actuar.