En Nicaragua, la libertad de expresión y de prensa se encuentra consignada en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política. En ellos se establece el derecho de los nicaragüenses a la información veraz, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento de su elección.

De tal forma, se consigna que el derecho a informar es una responsabilidad social, y no puede estar sujeto a la censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. Los medios de Comunicación dentro de su función social deberán contribuir al desarrollo de la Nación. Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías.

Los Medios de comunicación han jugado un rol social importante en la lucha contra la corrupción y en la responsabilidad social que implica el ejercicio del derecho de información, convirtiéndose en la práctica en el medio o vehículo de la población para hacer valer sus derechos ante la Administración Pública.

En este sentido han jugado un papel de presión social y de vehículo de canalización e investigación periodística de situaciones de anomalías e irregularidades vinculadas a la administración pública. En cuanto al derecho de buscar información de todos los nicaragüenses, en la legislación ordinaria no existe una ley específica que garantice el efectivo cumplimiento del mismo, por lo que en la práctica es muy limitado el acceso a la información que proviene de las entidades públicas.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

El 16 de Mayo 2007, el órgano legislativo aprobó la Ley No.621 “Ley de Acceso a la Información Pública”. Esta obliga a las instituciones estatales y a las empresas mixtas y privadas que reciban beneficios del Estado, a brindar información pública a nacionales y extranjeros. Está entrará en vigencia el 22 de diciembre del 2007.

En el artículo 1 de la ley se indica que la misma tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas. La información privada en poder del Estado no será considerada de libre acceso público.

En el año 2007, POLITICA DE SECRETISMO Y DISCRECIONALIDAD

Los avances en la Consolidación de la libertad de expresión fueron limitados con la llegada al poder del presidente Daniel Ortega, quien desde los primeros días de su gobierno empezó a aplicar una política de secretismo, centralización y discrecionalidad en el manejo de la información pública. Durante el período del Gobierno FSLN, se ha mantenido en secreto acciones y decisiones de suma trascendencia para la población nicaragüense, situación que contraviene de forma deliberada la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 16 de mayo del 2007[1].

El Gobierno, aplicando una política selectiva y excluyente, redefinió la asignación de la publicidad gubernamental; privilegiando a medios de comunicación oficialistas que le brindaron el apoyo durante la contienda electoral y sancionando a aquellos que lo confrontaron para que no lograra alcanzar la silla presidencial.

DESTITUCION DE FUNCIONARIOS POR BRINDAR INFORMACION A PERIODISTAS

El secretismo y la centralización en el manejo de la información pública no solamente obstaculizaron la realización del trabajo periodístico, sino que fueron la causa de destitución de algunos funcionarios públicos que bajo su propia responsabilidad y riesgo decidieron romper el hermetismo y prohibición gubernamental de brindar información a los medios de comunicación social.

En el 2007, la entonces directora del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Margine Gutiérrez, fue destituida de su cargo, por cuestionar públicamente al Presidente Ortega por haber regalado al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez dos manuscritos inéditos de nuestro insigne poeta Rubén Darío. Cabe señalar que los cuestionamientos de dicha funcionaria se encontraban sustentados en el artículo 128 de la Constitución Política de la República, donde se establece la obligación por parte del Estado de salvaguardar el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación. El acto cometido por el mandatario no tiene precedentes: dispuso del patrimonio cultural como si fuese de su propiedad privada y destituyó a los funcionarios que cuestionaron su arbitrariedad.

La labor periodística muchas veces representa riesgos para la vida y seguridad de los hombres y mujeres de prensa. Según el Informe Anual publicado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en el año 2007 periodistas fueron víctimas de amenazas, malos tratos y represalias, en la mayoría de los casos, por realizar una labor investigativa de graves actos de corrupción[2].

Cabe señalar que si bien es cierto que en nuestro país no existen reiterados actos de violencia en contra la vida de los periodistas, como en otros países de Latinoamérica, los hechos ocurridos en el 2007, demuestran que esta labor periodística se vuelve cada día más peligrosa. Con el triunfo del Presidente Daniel Ortega, algunos medios de comunicación fueron señalados de encontrarse vinculados a los partidos de derecha e incluso de ser una oposición al nuevo Gobierno más eficaz que los grupos políticos.

Durante el 2007, la violencia contra periodistas y medios, la autocensura y el endurecimiento ha incrementado. Además, y en parte como resultado a la autocensura, el número de periodistas asesinados se ha incrementado.

Cuadro 1

Informe ante la Reunión del medio año, Caracas Venezuela 2008

Según Reporteros Sin Fronteras, organización internacional que efectúa anualmente un monitoreo internacional sobre la libertad de expresión, “Nicaragua ha deteriorado drásticamente su situación de libertad de expresión en tan solo los tres últimos años”, y es así que de 167 países Nicaragua ocupa el 47, un evidente retroceso tomando en cuenta en el año 2004, Nicaragua ocupaba la posición 34. (Informe emitido en el 2007).

Fuente: Informe ante la Reunión del medio año, Caracas Venezuela 2008; e Informe Reporteros Sin Fronteras, 2007”.

En general, los medios de comunicación han jugado un papel importante en la lucha contra la corrupción no sólo por la labor de investigación periodística y de denuncia sobre actos de corrupción de los funcionarios públicos, sino por la labor de análisis e investigación exhaustiva que realizan en cada uno de los casos, Muchas veces el Órgano de la Procuraduría General de la República inicia las investigaciones de casos de corrupción cuando ya han sido denunciados por los medios de comunicación y estos sirven de insumo con frecuencia en la investigación y tramitación de un caso delictivo.

Sin embargo, aunque existen disposiciones constitucionales que regulan el acceso público a la información, en esta materia, en la práctica es difícil acceder a la información de la Administración Pública, debido a varios factores: la inexistencia de procedimientos y mecanismos que posibiliten este acceso; la falta una Ley de Acceso a la Información Pública; la inexistencia de serie de estadísticas o de información debidamente procesada y resguardada en la mayoría de las instituciones; por la tardía introducción de sistemas automatizados en algunos casos; el traspaso desordenado de las administraciones de las instituciones, con cada cambio de gobierno o a lo interno de la misma, que ha conllevado a pérdida de información valiosa;, y, por último hay una arraigada cultura de celo y manejo de la información de parte de los funcionarios públicos.

En este ejercicio de actualizar el Sistema Nacional de Integridad Nicaragua, el acceso a la información llevada a cabo por Ética y Transparencia se constató que unos 80% de las dependencias del Estado ponen obstáculos a la solicitud o presentación de documentos de sus respectivas dependencias.

[1] Informe Anual del CENIDH, 2007. www.cenidh.org.ni

[2] Informe Anual CENIDH, 2007