10.1 Papel de la Institución como pilar del SNI

La Constitución Política de la República en su artículo 35, garantiza la libre emisión del pensamiento con rango de derecho constitucional. Adicionalmente, existe la Ley de Emisión del Pensamiento, contenida en el Decreto No. 9 del Congreso de la República de fecha 28 de abril de 1966.

Si bien en el plano legal se garantiza la libertad de expresión, persisten mecanismos como la autocensura, motivada por miedo a represalias físicas y económicas.

En el artículo investigativo “La mordaza del miedo en Guatemala”, preparado para la entidad www.libertad-prensa.org, los periodistas Ana Carolina Alpírez y Juan Carlos Llorca, concluían el 19 de febrero 2003, que “ La libertad de expresión en Guatemala se ve amenazada de manera constante. Debe reconocerse que no se reprimen o matan periodistas, como en décadas pasadas. Ahora la estrategia es otra, basada en destruir la credibilidad de los medios”.

En el período de gobierno de enero 2000 a diciembre 2003, existió un fuerte enfrentamiento entre la prensa de oposición y el gobierno. En medio de esta situación, el 20 de febrero de 2001, partidarios de Luis Rabbe, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asaltaron los locales del diario “el Periodico”, posteriormente este fue auditado durante 55 días por la Superintendencia de Administración Tributaria, el superintendente Marco Tulio Abadio[i] señaló a ese medio de evadir impuestos. Similar situación corrió el matutino “Nuestro Diario”.

En ese mismo contexto se dio una pugna entre los medios escritos y los televisivos. Los medios escritos se empeñaron en demostrar que la propiedad de las cuatro estaciones de televisión abierta correspondía al ciudadano mexicano Remigio Ángel González, cuñado de quien en ese momento se desempeñaba como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Luís Rabbé. Por su parte los tele noticieros y estaciones de televisión, pusieron en marcha una campaña para deslegitimar y rebatir sistemáticamente la información publicada en los diarios, acusándolos de mentir.

10.1.1 El tema de la corrupción en los medios de comunicación

Para el Licenciado Mario Fuentes Destarac, Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, durante los últimos años ha venido cobrando relevancia la modalidad de periodismo de investigación, aunque se ve limitado por la falta de acceso a la información.

En varios oportunidades, las denuncias publicas lanzadas por los medios de comunicación han dado pie iniciar procesos de investigación por parte del Ministerio Pública y la Contraloría General de Cuentas. En otras oportunidades esta denuncia permite que se detenga o limite la corrupción en procesos de compra de bienes y servicios y contratación de obra pública.

Los medios de comunicación también contribuyen con posicionar el tema dentro de la agenda legislativa y en las políticas gubernamentales, así como en privilegiar el enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción a partir de las propuestas, acciones y discurso de la sociedad civil.

10.1.2 La censura en los medios de comunicación:

La Constitución Política de la Republica establece que “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

El artículo 138, menciona que en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia del párrafo arriba descrito.

La suspensión de esta garantía podrá ser decretada por el Presidente de la República mediante la declaratoria correspondiente, rigiéndose por la Ley de Orden Público (Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente, en vigencia desde el 5 de mayo de 1966), la que tiene jerarquía constitucional.

En algunos casos se ha intentado, desde las instancias de poder estatal, limitar la libertad de prensa a través de varios mecanismos. Una de las frases del ex presidente Alvaro Arzú (enero 1996 – diciembre 1999), era que a la prensa o se le paga o se le pega; con la colaboración de fuertes conglomerados empresariales[ii], organizo desde el gobierno un boicot de publicidad contra los medios que criticaban su gestión. Para el caso de la Revista Crónica, este boicot significo su desaparición.

10.2 Recursos

10.2.1 Pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación

La Constitución Política de la República en su artículo 130, prohíbe los monopolios y limita el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Sin embargo se carece de una ley que desarrolle este artículo constitucional.

Los cuatro canales de televisión abierta (3, 7, 11 y 13) pertenecen al mexicano Remigio Ángel González y González.

De acuerdo Hans Koberstein, en su artículo Políticas de comunicación y democratización: El caso de Guatemala, publicado en la Revista Latina de Comunicación Social, Numero 13, enero 1999. Para el año 1998 “ más que el 90% del tiraje de la prensa diaria estaba controlado por dos consorcios - Prensa Libre y Siglo Veintiuno . El mexicano Remigio Ángel González y González llegó a controlar todos los canales de televisión con difusión nacional. La radio estaba controlada por un oligopolio, compuesto por siete grupos, entre ellos la iglesias católica y sectas evangélicas”

“El mexicano Remigio Ángel González y González inició sus actividades en Guatemala en los años ochenta para convertirse en el hombre fuerte de la televisión guatemalteca, sin encontrarse con mayores obstáculos políticos, a pesar de que la legislación prohibía a extranjeros la adquisición de medios de comunicación (4). A finales de los años noventa, González controlaba todos los canales de televisión de cobertura nacional incluyendo los noticieros. Igualmente se adueñó de 22 frecuencias de radio, entre ellas, la única radio puramente informativa del país, Radio Sonora”

“González estaba empeñado en mantener buenas relaciones con el gobierno de turno. Ordena en los tele noticieros un trato favorable a los candidatos presidenciales con más posibilidades de ganar y ofreciéndoles condiciones especiales para la propaganda política, de forma que ninguna campaña electoral pueda funcionar sin el apoyo de González. Si el presidente de turno se mostraba descontento por la emisión de informaciones perjudiciales para el gobierno, González se encargaba de suprimir estas informaciones. Este mecanismo se ha vuelto casi rutinario en algunas redacciones”[iii].

En frecuencia UHF, transmiten los canales 21 y 27 pertenecientes a iglesias evangélicas. El canal 40 también transmite en esta frecuencia, el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala y próximamente se espera que entre a funcionar el canal 5, propiedad de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.

A nivel local y departamental existe mayor pluralidad en la propiedad de medios de comunicación, dadas por las radios comunitarias y las empresas de cable local.

No existe un ambiente favorable a los medios de comunicación alternativos, dado por factores económicos, culturales y de cobertura.

10.2.2 Las leyes de difamación u otras sanciones en la cobertura sobre la corrupción

El artículo 35, párrafo dos, de la Constitución Política de la República, establece que: “No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal, contemplan las leyes de desacato, que penalizan la expresión ofensiva dirigida a los funcionarios públicos por parte de periodistas en el ejercicio de su profesión.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en comunicado de prensa de fecha 13 de junio de 2005, menciona que “… la figura del desacato se constituye en un escudo para las acciones arbitrarias e ilegales de las autoridades y a pesar de que no se ha utilizado como un recurso constante, se mantiene latente como una posibilidad de criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de emisión de pensamiento y de prensa”.

Ante esto la Cámara Guatemalteca de Periodismo, presentó por intermedio de su presidente, Licenciado Mario Fuentes Destarac, una moción de inconstitucionalidad, basándose en el desafió que las leyes de desacato representan para el artículo 35 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, el contenido de los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal, han sido declaradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como contradictorias al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Guatemala es signatario.

Con fecha 14 de junio 2005, la Corte de Constitucionalidad declaró la suspensión provisional de dichos artículos, estando pendiente la resolución definitiva. Con esto, Guatemala pasó a ser el sexto país latinoamericano en eliminar las leyes de desacato, después de Argentina, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú.

10.3 Mecanismos de Quejas

10.3.1 Agresiones a periodistas

Los casos más recientes son el del director del diario “elPeriodico” José Rubén Zamora, quien en junio del año 2003 fue retenido en su casa, junto a su familia, por 11 hombres armados. Asimismo, el 5 de septiembre 2001, fue asesinado del periodista Jorge Mynor Alegría Armendarís, por denunciar actos de corrupción en la Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla y en la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal.

En el informe anual para Guatemala, año 2002, Reporteros Sin Fronteras denuncia la dimisión del presentador de noticiones de Radio Amatique, Izabal, por amenazas de muerte. Asimismo amenazas contra el periodista Edwin Paxtor del programa “TV énfasis” en el departamento de Chiquimula. Para este mismo año, esta entidad denuncia la agresión a 14 periodistas y amenazas a otros seis, la mayoría habían denunciado actos de corrupción del gobierno.

“Los incrementos más significativos no coinciden con las campañas electorales sino con otros acontecimientos políticos, como el frustrado golpe de Estado en 1998 que conllevó una ola de violencia dirigida contra periodistas y algunos medios de comunicación recién establecidos (Koberstein: 1990, 48f). El descenso pronunciado en los años 1996 y 1997 se debe a la firma de la paz de 1996 entre gobierno y guerrilla”[iv].

Actualmente, las amenazas y agresiones a periodistas se mantienen, ya no tanto por actos vinculados a denuncias de actos de corrupción del gobierno, sino por la alta presencia del crimen organizado en la sociedad guatemalteca y la cobertura e investigación que el gremio periodístico hace sobre ella.

[i] Actualmente sujeto a proceso penal por los delitos de fraude y concusión.

[ii] Él mismo pertenece a una de las familias con más poder económico del país

[iii] Revista Latina de Comunicación Social, Numero 13, enero 1999. Políticas de comunicación y democratización: El caso de Guatemala. Hans Koberstein

[iv] ídem.