El uso de la maquinaria gubernamental para favorecer ciertos candidatos es una de las maneras más tradicionales de influir en el proceso electoral, a pesar de ser considerado ilegal y tipificado como tal en muchos códigos electorales. El abuso de recursos estatales distorsiona el proceso electoral y promueve la monopolización del poder político. Ejemplos de financiamiento con recursos estatales incluyen: donaciones ilegales a partidos por parte de órganos oficiales; el uso de equipo públicos en campañas de los candidatos preferidos del partido en el poder; el abuso de programas sociales para fines electorales; el abuso del poder de contratar servicios para extorsionar a empresas; y el abuso del poder sobre los servidores públicos para exigir su apoyo en las elecciones.

Con la introducción de subsidios públicos que son distribuidos a todos los partidos, aparecieron nuevas formas de manipulación. Estas incluyen arbitrariedades en el suministro de recursos, o el abuso de nuevas formas de subsidios indirectos. En algunos países las fórmulas empleadas para calcular la distribución de recursos son discutibles porque distorsiona la competencia electoral.

Varias reglas y normas promulgadas a lo largo de los siglos 19 y 20 que buscan proteger al servicio público contra influencias indebidas durante el proceso electoral son relevantes. Ejemplos de ellas son intentos por incrementar la independencia del servicio público; la prohibición de contrataciones públicas durante la época preelectoral e inclusive los obstáculos a la reelección de mandatarios, que entre otras buscar minimizar los riesgos de abuso de poder.

Las experiencias de monitoreo del uso ilegal de la maquinaria pública para favorecer a candidatos gubernamentales se han enfocado generalmente a los gastos en transporte, materiales propagandísticas y medios públicos. Sería interesante también analizar el impacto de modalidades menos directas, como por ejemplo el apoyo simbólico a candidatos que significa la inauguración de obras o programas inmediatamente antes de las elecciones.

• Herramientas: Calculando gastos de publicidad

Proyecto Argentina: ¿Gastos con publicidad gubernamental ?

[Ukraine: Monitoreo de uso de recursos administrativos]

Si bien el objetivo de subsidios públicos puede ser igualar la competencia entre candidatos o partidos, la práctica a veces dista mucho de este ideal. La ley puede ofrecer un margen de discrecionalidad en la distribución de recursos que es transgredida por poderes que reduciendo o retardar entregas, lo cual afecta de forma desigual a los competidores, ya que unos dependen más de estos recursos que otros.

En algunos países el monto designado al rubro de subsidios políticos es determinado para cada elección, abriendo un margen para la definición de montos convenientes a las necesidades de partidos específicos.

El poder de la maquinaria gubernamental sobre la vida de grupos específicos, como funcionarios públicos, ciudadanos que dependen de programas sociales y contratistas o concesionarios del Estado, permite movilizar a estos en favor de determinados candidatos.

Los funcionarios del estado pueden sentir presión a participar en la campaña de candidatos gubernistas; participar en sus actos colectivos electorales, o ferias colectivas, o contribuir económicamente a las campañas de candidatos oficiales.

Las empresas con relaciones contractuales con el estado se sienten presionados a hacer aportes, situación que fácilmente se confunde con una inversión prospectiva en campañas con el fin de recibir beneficios en el futuro.

Herramientas: Cuestionar donantes sobre sus motivos

Proyecto Brasil: Cuestionario empresas

Para los ciudadanos el acceso a servicios públicos puede estar ligado a su comportamiento electoral. Esto puede ser como individuos o como comunidades.

Proyecto Proyecto: Programas sociales, Guatemala
Análisis del uso arbitrario de programas sociales

Proyecto Proyecto: Compra de votos, Brasil
Investigaciones acerca de la compra de votos