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¿Qué postura defendemos?

La institución de un sólido sistema de financiamiento es necesaria para disminuir los riesgos de corrupción asociados al financiamiento político.

Desarrollo y promoción de estándares comunes

El desarrollo de principios comunes para el financiamiento de los partidos y las campañas representa un desafío, ya que el tema del financiamiento político está profundamente ligado a los valores políticos que prevalecen en una sociedad. Las soluciones que cada país se ha dado están ligadas a los problemas enfrentados en el pasado. Al mismo tiempo, es importante que las acciones de incidencia a nivel nacional puedan apoyarse en una agenda regional o global y ganar con ello más fuerza y efectividad. Es con ese objetivo que la red de TILAC se propone el desarrollo y la promoción de estándares comunes de transparencia y equidad en el financiamiento político, que puedan servir como eje de referencia y orientación para acciones nacionales. La elaboración de principios tiene como propósito la búsqueda de un mínimo común denominador. Es deseable que otros agentes de la sociedad civil, los partidos políticos, el sector empresarial y otros actores clave estén integrados en este esfuerzo.

Los especialistas coinciden en que las donaciones pequeñas o las cuotas pagadas a los partidos son manifestaciones normales de las raíces sociales de la representación política. Contrariamente, las grandes donaciones constituyen un riesgo para el sistema representativo. Se considera razonable algún tipo de aporte público para los competidores. En cuanto al peso de tales subsidios, la forma de apoyo (dinero o servicios gratuitos) o la finalidad (elecciones o partidos), hay bastante divergencia. Pero es amplia la coincidencia sobre la necesidad de mayor transparencia y publicidaden el financiamiento de la política. Sólo en situaciones excepcionales el valor de la transparencia constituye un problema para la libertad política o los derechos individuales. El control por parte de los organismos estatales y el monitoreo por parte de la sociedad civil son esenciales para adecuar las prácticas a las normas y expectativas.

Estos principios fueron enunciados por Transparency Internacional en 2004. TILAC participó de la discusión acerca de este documento:

Estándares sobre Financiamiento Político y Discrecionalidad deTransparency International

  1. Las donaciones a partidos políticos, candidatos y funcionarios electos no deben ser un medio para obtener favores personales o políticos. Los partidos y los candidatos deben practicar la transparencia. Los gobiernos deben implementar una adecuada legislación sobre el conflicto de intereses.
  2. Los partidos políticos, candidatos y políticos deben dar a conocer sus recursos, ingresos y gastos a un organismo independiente. Esta información debe ser presentada anualmente, y también antes y después de las elecciones.
  3. Las organizaciones públicas de control deben supervisar efectivamente la observancia de las leyes y las medidas regulatorias. Para cumplir este objetivo deben estar dotados de recursos necesarios, facultades, independencia y poderes para investigar. Junto a cortes independientes, deben asegurar que los delincuentes sean responsabilizados y debidamente sancionados.
  4. Sedebe prestar espacial atención a los beneficios del financiamiento estatal de los partidos y candidatos y al estímulo de la participación de los ciudadanos a través de pequeñas donaciones y cuotas sociales. También se debe prestar atención en limitar los apoyos de corporaciones y del extranjero, asi como a las donaciones individuales muy abultadas.
  5. Los candidatos y partidos deben tener un acceso equitativo a los medios de cominicación. Se deben estableceer, aplicar y mantener criterios para alcanzar una cobertura mediática equilibrada e integridad de los medios. Estos deben jugar un papel independiente y crítico, tanto durante las elecciones como en el proceso político más amplio.
  6. La sociedad civil debe participar activamente en promover la legislación adecuada en el terreno del financiamiento político y en el control de las finanzas públicas y su impacto sobre la representación política.

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