• El finaniamiento político y la corrupción
• El panorama del financiamiento político
• Riesgos y regulaciones
• Uso indebido del aparato administrativo para influir en los electores
• La independencia de los medios
• Las normas y reglas estatales
• El desafío de las normas ignoradas
• El rol de la ciudadanía y la importancia de la transparencia

El financiamiento político y la corrupción
El financiamiento de partidos y campañas, una necesidad de las democracias modernas, es una de las puertas de entrada para la corrupción.

Cuando los representantes electos usan su mandato para favorecer intereses particulares antes que defender los intereses públicos, muchas veces existe una relación con los aportes efectuados por donantes para financiar las campañas de los candidatos y los partidos políticos. Si bien la relación entre financiamiento político y representación política es más compleja, la lógica de ‘quid pro quo’ que hay detrás de muchos aportes de campaña los aproxima a la definición de ‘soborno’.

El financiamiento de la política es un reto de la democracia. Las democracias modernas necesitan recursos para mantener partidos políticos fuertes, organizar una competencia política abierta y comunicarse con los ciudadanos. Los recursos propios de los candidatos, los fondos recaudados por los partidos y las donaciones de ciudadanos y empresas, así como distintas formas de subsidio público, son fuentes importantes de financiamiento. Las regulaciones del financiamiento político apuntan a garantizar los aportes necesarios para el financiamiento de la política previniendo los riesgos asociados.

El panorama del financiamiento político
En términos simples, puede decirse que las fuentes de recursos más importantes son los propios candidatos, los donantes privados y el poder público.

Los aportes se efectúan en dinero, pero a menudo también en especies, en forma de descuentos, préstamos, etc. La tendencia es a abarcar de manera completa esa gama de aportes materiales directos e indirectos.

Durante las campañas electorales, los agentes recaudadores son los partidos y los candidatos. Pero los representantes electos y los aparatos partidarios también recaudan recursos fuera del contexto electoral. Hay aportes a políticos y partidos antes y después de las elecciones.

Los gastos políticos presentan otros aspectos controvertidos, además de la recaudación. Los recursos destinados a la compra de votos también se relacionan con la corrupción. Ampliando la perspectiva, está en discusión la influencia de los gastos en la competencia política.

Riesgos y regulaciones
En casi todos los países, ciertas formas de financiamiento privado consideradas problemáticas están prohibidas o limitadas por normas que regulan el financiamiento político.

Los sistemas regulatorios contemporáneos comúnmente consideran arriesgados los aportes de entidades que ejecutan obras para el Estado o que prestan servicios al Estado, que dependen de concesiones o regulaciones del Estado o que reciben del poder público subsidios u otros beneficios. Por lo tanto, están prohibidos o limitados. Lo mismo ocurre con los aportes de monto elevado, que podrían generar una relación de dependencia entre los candidatos y los donantes privados, amenazando la integridad de los futuros representantes. Las prohibiciones y limitaciones se extienden en muchos casos a los aportes de gobiernos extranjeros, de organizaciones criminales, y a los recursos de origen ilícito o las donaciones anónimas.

Uso indebido del aparato administrativo para influir en los electores
Con frecuencia, son los propios gobiernos los que hacen un uso indebido de los recursos públicos para influir en las elecciones.

Las modalidades del uso indebido incluyen transgresiones graves, como el desvío de fondos públicos a partidos o candidatos y el uso de funcionarios o infraestructura de la administración. Hay asimismo comportamientos al límite de lo lícito, como los gastos públicos con fines claramente electorales (publicidad, programas sociales) o el apoyo gubernamental a determinados candidatos. En varios países rigen normas que limitan las formas más extremas del uso indebido de recursos públicos para favorecer unilateralmente a un candidato. La neutralidad del aparato público es un importante elemento de regulación del financiamiento político.

La independencia de los medios
Los medios de comunicación modernos desempeñan un papel clave en la información de los ciudadanos, la formación de la opinión pública y el acompañamiento crítico de la política.

Con frecuencia se cuestiona la independencia de los medios cuando éstos usan su influencia sobre la opinión pública en favor de determinados candidatos, distorsión que sólo en algunos casos es compensada por la pluralidad de vehículos de información. Además de la función periodística, los medios desempeñan un papel especial como oferentes de espacios publicitarios. A ese respecto, son poderosos agentes privados que pueden usar su posición para manejar espacios y precios. Varios países regulan ese mercado con normas que garantizan la transparencia, la equidad y/o el acceso gratuito a los medios.

Las normas y reglas estatales
Para combatir la corrupción vinculada al financiamiento político es necesario entender los sistemas de financiamiento político.

Las normas sobre el financiamiento político abarcan la prevención de vínculos corruptos entre donantes y representantes, las competencias abiertas y equilibradas y el rol del ciudadano contra la influencia del poder económico. Los mecanismos legales incluyen el veto a los aportes de determinados grupos de donantes y la limitación del monto en las donaciones privadas. Varios países que apuestan a los aportes públicos para financiar las campañas garantizan el acceso gratuito a los medios o fijan topes a los gastos de campaña. Las reformas más recientes de los sistemas de financiamiento político enfatizan la rendición de cuentas de los partidos y candidatos, fortaleciendo los órganos de control, intensificando la práctica de controles y garantizando el acceso publico a esos datos.

(Vea el trabajo de TILAC en materia de análisis y diagnóstico de los sistemas de financiamiento político en la región)

El desafío de las normas ignoradas
La implementación de las regulaciones que limitan los aportes y los gastos a menudo encuentra obstáculos.

Un hecho frecuente en América Latina es la contravención de la ley en la práctica. Las leyes son acatadas pero no cumplidas. Otro fenómeno es la reacción de los actores políticos ante las reglas y normas nuevas. Los especialistas describen el financiamiento de la política como un fenómeno hidráulico, en el que las donaciones financieras reaccionan a las barreras legales encontrando caminos alternativos. Entre las posibles respuestas a estos desafíos, se incluyen la adaptación de las reglas a la realidad, la intensificación de la supervisión estatal y el fortalecimiento del control ciudadano.

El rol de la ciudadanía y la importancia de la transparencia El perfil financiero de las campañas se vuelve un elemento importante del voto informado. Las reformas recientes valorizan la rendición de cuentas cada vez mas completa, expedita y accesible a la ciudadanía.

La rendición de cuentas de los partidos y candidatos ante los órganos oficiales, junto con su divulgación ante la ciudadanía, es una condición necesaria para integrar a los ciudadanos como observadores críticos de las prácticas de financiamiento político.

Con respecto a los informes, uno de los desafíos es la veracidad de los mismos. Diferentes organizaciones de la sociedad civil participan en el análisis crítico de los informes presentados por candidatos, partidos y otros actores.

En algunos casos, se solicitan informes voluntarios a los candidatos. Para convertir al votante en un actor integral de la regulación del financiamiento político es necesario poder acceder a los informes de financiamiento antes de las elecciones.

Finalmente, después de las elecciones, es importante el control ciudadano en el monitoreo de las actividades del gobierno o de las cámaras legislativas.

Es en ese momento cuando el “quid” de las donaciones se complementa con el “pro” de los beneficios públicos. La vigilancia de la ciudadanía y de los medios es clave para descubrir y denunciar estas conexiones viciadas.