Las convenciones anticorrupción son tratados celebrados por escrito entre varios países y regidos por el derecho internacional, que tienen por finalidad específica que los Estados Parte implementen políticas públicas, cambios normativos y mejores prácticas destinadas a prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. En resumen, se trata de acuerdos entre los Estados para luchar contra los actos y procedimientos corruptos.

La utilidad de estos instrumentos jurídicos internacionales es, en primer lugar, que permiten poner de acuerdo a los Estados sobre qué entienden por corrupción. En efecto, las convenciones internacionales definen un conjunto de prácticas consideradas corruptas y, por lo tanto, ilegítimas y perseguibles por la justicia, como son el soborno, el tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada.

Dichos acuerdos permiten además concertar herramientas de políticas públicas y de orden normativo para impedir las prácticas corruptas, como son los códigos de ética, las declaraciones de patrimonio, los sistemas de control o la cooperación jurídica mutua.

Finalmente, las convenciones anticorrupción contemplan muchas veces acuerdos acerca de cómo asegurar que los Estados Parte cumplan con los compromisos contraídos. Esto se traduce en la creación de mecanismos de seguimiento, que examinan y evalúan los avances y deficiencias de los Estados en la implementación de las convenciones en sus países.