Nicaragua en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2008

INTRODUCCION

Desde hace ocho años y de forma anual, Ética y Transparencia (ET), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional (TI) en Nicaragua, publica su informe valorativo nacional sobre el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) que a nivel mundial desarrolla TI, de forma simultanea a éste. El informe del CPI 2008 fue presentado por TI el 22 de Septiembre del 2008. Dada la función de Ética y Transparencia, como Observador Electoral Nacional, y los requerimientos de neutralidad activa en los procesos electorales que deben asumir los observadores, en esta ocasión este informe valorativo nacional ha sido embargado de publicación hasta esta fecha, para no afectar las campañas de partido alguno durante la contienda Electoral Municipal que culminó con las votaciones del 19 de Enero 2009 en siete municipios. En su análisis, contenido y propuesta, este informe incorpora elementos relevantes hasta esta fecha de publicación, 15 de Febrero 2009.

RESULTADO

El Índice de Percepción de Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional 2008 mide y clasifica a 183 países del mundo según la percepción de corrupción que existe entre expertos sobre el nivel de corrupción del sector público de cada nación. La clasificación desciende de los 10 puntos ideales que representan escasa o nula corrupción en el sector público, hasta el 0, que representa la más absoluta corrupción.

El puntaje de Nicaragua de 2.5 en el CPI 2008, refleja un deterioro de una décima con respecto al de por si ya bajísimo nivel obtenido en los dos años anteriores de 2.6. Dado que a lo largo de los 9 años de publicación de este índice, Nicaragua no ha superado los 2.7 en ninguna ocasión y que este resultado retrocede al puntaje logrado en el año 2002, es justificada una voz de alarma, ya que aquellos países con una valoración de menos de 3 puntos se consideran como Estados fallidos en materia de corrupción.

Este puntaje de 2.5 también ha significado un descenso en el ranking de países. Del lugar número 107 que ocupamos en el 2005, pasamos al 111 en el 2006, ocupamos el lugar 123 el año 2007 y ahora somos 134 entre 183 países evaluados, apenas 1.4 puntos sobre el último lugar, Somalia que obtuvo una calificación de 1.0.

Ubicados en el último lugar de 7 naciones centroamericanas, ocupamos el lugar 28 de 32 países en las Américas y el Caribe, superando marginalmente a cuatro: Paraguay, Ecuador, Venezuela y Haití.

METODOLOGIA

El Índice de Percepción de Corrupción (CPI) 2008, de Transparencia Internacional se desarrolló utilizando 16 encuestas sobre corrupción pública realizadas por 10 instituciones independientes de alta credibilidad e imparcialidad, efectuadas entre los años 2006 y 2007. En el caso de Nicaragua se realizaron 6, (2 de ellas por El Foro Económico Mundial), entre empresarios de alto nivel en compañías nacionales e internacionales; y una encuesta cada una por el Banco Mundial, la Unidad de Investigación del Economist, la Universidad Columbia y el Centro Mundial de Investigación de Mercados, entre altos ejecutivos, expertos mundiales/analistas/periodistas de Estados Unidos y la Unidad de Investigación del centro Mundial de Mercados, respectivamente.

El índice valora de manera prioritaria logros de orden sistémico y permanente. Dado que lo sostenible se comprueba a través del tiempo, algunos progresos deben de ser evidentes por algunos años para impactar en el índice.

VALORACION

Como resultado, el CPI valora las acciones concretas de un país en la lucha contra la corrupción al clasificar los países respecto al grado en que se percibe la corrupción que existe entre los funcionarios públicos y los políticos. El CPI valora integralmente a todo el sector público e institucional de un país.

El estancamiento y retroceso de Nicaragua en el Índice de Corrupción, expresado en una valoración similar a la obtenida desde el año 2002, se debe, a como dijimos entonces, a que:

N o existen elementos mayores de cambios sistémicos. Tampoco existe mayor evidencia en el último año de mejoras tangibles y sostenibles en independencia de poderes, desempeño de la justicia, institucionalidad, y transparencia el financiamiento electoral, por solo señalar algunas deficiencias ampliamente señaladas como claves de la corrupción desde hace mucho tiempo”[1].

Por el contrario, se observan alarmantes signos de retroceso en el manejo transparente de los recursos públicos en las siguientes áreas:

1. Transparencia Presupuestaria
2. Fiscalización Institucional de entidades públicas (el gasto partidario en publicidad y programas de gobierno).
3. Abusos de exoneraciones de procedimientos y requisitos en contrataciones del Estado (por ejemplo, el caso INE de compra de publicidad partidaria y la compra de juguetes navideños por parte del MINREX y MIFAMILIA)
4. Disminución de beligerancia de parte de los órganos de control (uso de bienes del estado en campañas, negación de documentos de probidad)
5. Incremento en aplicación selectiva de salvaguardas legales para generar impunidad (Caso Cabezas y munícipes electos con casos en la CGR)
6. Fraude electoral.
7. Limitada aplicación de la Ley de Acceso a la Información y otros mecanismos disponibles para transparentar los usos de los recursos públicos.

“Aunque muy pocos en el País lo saben, la falta de claridad y la corrupción en las transacciones y actos del Gobierno se estima que tienen un costo global sumamente alto de hasta 20% del presupuesto general del país, lo que de evitarse podría servir para mejorar sustantivamente la educación y la salud de los nicaragüenses y nos permitiría avanzar en un corto plazo como un país sano y próspero"

El reto es claro para el gobierno de turno: o se producen mejoras sistémicas sustanciales o la competitividad del país continuará cayendo y la pobreza irá en aumento.

ACCIONES A SEGUIR EN NICARAGUA EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO

a. En el corto plazo

Es evidente que abordar y revertir los retrocesos recientes debe de ser parte fundamental de la agenda de corto plazo. En el plazo inmediato, las prioridades deben entonces ser:

1. Garantizar que todos los recursos que entran al Estado Nicaragüense aparezcan reflejados en el presupuesto de la República. En un sentido mas general, transparentar la ayuda venezolana e introducirle los elementos de control institucional constituye una obligación ineludible para aspirar a mejorar la clasificación el próximo año.

2. Los partidos políticos son entidades públicas, con acceso a fondos públicos y beneficios fiscales que los hacen sujetos de fiscalización por parte de los órganos de control institucional. Ante la respuesta del gobierno que la confusión Estado-Partido en el manejo de recursos y realización de negocios sirve para imposibilitar la rendición de cuentas al público, la Contraloría General de la República (CGR) debe iniciar investigaciones que abarquen también el muy bien documentado abuso de bienes del Estado en la más reciente campaña electoral.

3. Las investigaciones periodísticas alrededor de violaciones a la ley de contrataciones del Estado en las compras de publicidad por parte del INE y de juguetes navideños por parte del MINREX y MIFAMILIA, así como el manejo de fondos de pensiones del INSS, revelan un problema mayor, que incluye empresas fantasmas y desviación de recursos del estado a fines partidarios. La Contraloría debe iniciar investigaciones en todos estos casos.

4. Aparte del falta de beligerancia en actuar para dar fin a los abusos de bienes del estado en la pasada contienda electoral, la CGR, en particular en el caso del magistrado electoral Roberto Rivas rechazó la solicitud de revelación de su declaración de probidad ante cuestionamientos de enriquecimiento ilícito por parte del funcionario público. La ley y las buenas prácticas de transparencia señalan que el derecho del funcionario a expresar su criterio sobre si publicar la declaración o no, es secundario al derecho a la información y control que tiene la ciudadanía.

5. La utilización del Recurso de Amparo por parte de funcionarios para evadir investigaciones y resoluciones por parte de los órganos de control, es ya un exceso de inmunidad. Sin embargo, lo peor del caso es que luego de aceptar el recuso de amparo, congelando el trámite y funcionamiento básico de los órganos de control, el sistema judicial no cumple con los plazos establecidos para tratar el fondo del asunto y de esa forma garantizar tanto el debido proceso, como el cumplimiento de la ley y dar paso a la aplicación de sanciones administrativas, así como a los enjuiciamientos civiles y penales. El uso actual del recurso de amparo para congelar de forma indefinida la acción de los órganos de control es una desmedida promoción de la impunidad.

6. El ampliamente documentado fraude electoral de Noviembre 2008, con violaciones expresas por parte del tribunal electoral a prácticamente el articulado completo de la Ley Electoral en materia de Transparencia, debe ser abordado por el Estado nicaragüense de forma satisfactoria, particularmente por la reforma funcional y legal que impida acciones similares en el futuro.

7. Ante la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la información, se ha hecho evidente su naturaleza de papel mojado. Como ejemplo notorio, tenemos el silencio del CSE sobre la solicitud de publicación de resultados electorales JRV por JRV de las elecciones 2006 y 2008, así como la no creación siquiera de las respectivas oficinas de acceso a la información en prácticamente todas las instituciones del Estado.

b) En el medio plazo

Las recomendaciones, son esencialmente las mismas que han sido ignoradas en años anteriores:

1. Se debe exigir el cumplimiento de las metas del milenio, en particular, en lo que respecta a educación. La ignorancia, la pobreza y la marginación son el caldo de cultivo de la impunidad y la corrupción. Nada puede superar ni ser tan instrumental en reducir la pobreza y la corrupción, como la educación. El compromiso de cualquier político contra la corrupción debe ser medido y exigido por su apoyo a la educación.

2. Es necesario garantizar a lo inmediato la independencia y equilibrio de los poderes del Estado y la capacidad de los órganos de control. En la ausencia de un entorno institucional propicio, todos somos menos probos y transparentes de lo deseado.

3. Es urgente reformar, con tiempo y oportunidad, la Ley Electoral para moderar el costo de las elecciones, imponer la transparencia en el financiamiento de campañas, la independencia de las autoridades y, sobre todo, mejorar los vínculos de control y selección de los electores sobre los elegidos.

4. Se debe cumplir con la Ley de Acceso a la Información, respetando sus debidos alcances. Es necesario también que se implementen las leyes de carrera administrativa y servicio civil, entre otras legislaciones de control y ordenamiento que aún no cumplen su misión.

5. El Poder Judicial es pieza fundamental para la seguridad jurídica de la persona y el desarrollo del país, y por tanto, decisivo, en cualquier logro en materia anticorrupción. En Nicaragua, urge a iniciar la aplicación de la Ley de carrera judicial y el código de ética del funcionario del sistema judicial.

6. Con respecto a los poderes del Estado en general y las instituciones de control, se debe dar impulso y mejoramiento a su independencia interna y externa, funcionamiento, y rendición de cuentas. En el caso de otras instituciones, es necesario también evitar la instrumentalización de las mismas con fines de recompensar o castigar financieramente a los amigos o enemigos políticos.

Fuente: Transparency International

Fuente: Transparency International

[1] Informe CPI, Ética y Transparencia, año 2007