Alberto Fujimori detenido en Chile: Chile debe extraditar al ex mandatario peruano.

América Latina no puede tolerar la protección a prófugos de la justicia

Chile tiene en sus manos la oportunidad de extraditar al ex Presidente de Perú Alberto Fujimori para que sea juzgado en su país por los cargos de corrupción y abuso de derechos humanos presentados en su contra. Fujimori fue detenido en Chile tras dejar Japón donde se encontraba desde 2000, sin enfrentar cargos judiciales, amparado en su presunta doble nacionalidad peruano y japonesa. El gobierno de Perú tiene 60 días para solicitar la extradición y la justicia chilena tiene la obligación legal y moral de aplicar los tratados de extradición y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y extraditar al ex mandatario para que se someta a la justicia. Vladimiro Montesinos, asesor principal de Fujimori y ex jefe de los servicios secretos, ya se encuentra en prisión en Perú procesado por delitos de corrupción.

“La detención de Fujimori en Chile abre la posibilidad de que finalmente se someta ante la justicia peruana por los graves actos de corrupción y violación de derechos humanos cometidos”, sostuvo Laura Puertas, Directora Ejecutiva de Proética, capítulo peruano de Transparency International (TI). “Fujimori debería voluntariamente someterse a las leyes del Perú”, agregó.

Además del tratado de extradición entre Chile y Perú firmado en 1932, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) prevé un estado de cooperación recíproca entre los países miembros (Perú y Chile lo son) con el fin de perseguir a las personas que cometan actos de corrupción. Transparency International urge la aplicación de este tratado en tanto los delitos atribuidos al imputado constituyen hechos de corrupción que generan la obligación de cooperar y habilitan la extradición de las personas sometidas a persecución penal en el país requirente.

“Es alentador que Chile haya tomado la iniciativa de detener a Fujimori y esperamos un rápido proceso de extradición. Latinoamérica no debe proteger a prófugos de la justicia acusados de corrupción”, sostuvo Silke Pfeiffer, directora para las Américas de TI.

Fujimori huyó a Japón en noviembre de 2000 tras el estallido de numerosos escándalos de corrupción, y renunció a la presidencia de Perú por fax. A pesar de los cuantiosos elementos de convicción que prueban su participación en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos durante los 10 años de su gestión, el gobierno de Japón hasta la fecha se ha negado a extraditar al ex presidente aduciendo su nacionalidad japonesa.

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Transparencia Internacional es la organización global de la sociedad civil liderando la lucha contra la corrupción.

Nota para los Editores:
La justicia ha congelado aproximadamente 233 millones de dólares robados al Perú en diversos países del mundo, de los cuales ya se repatriaron US$ 174 millones. Fujimori tiene pendientes 21 procesos judiciales en los que se le acusa de más de 15 delitos, entre ellos, el asesinato de estudiantes universitarios, un profesor y varios humildes pobladores de un céntrico barrio de la capital.

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