9 de diciembre del 2004

CLD-TI demanda el respeto al Estado de Derecho: La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, Capítulo Ecuador de Transparencia Internacional, demandó del Presidente de la República y del Congreso Nacional el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. “Las resoluciones adoptadas por el Congreso Nacional atentan contra la independencia de los poderes del Estado, debilitan las instituciones democráticas legalmente constituidas y propician las condiciones para que se produzca, incluso, un estallido social. En este triste capítulo de nuestra historia, CLD-TI invoca a la defensa de nuestra Democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. La construcción de un país mejor, no podrá alcanzarse a través de acuerdos coyunturales que únicamente deslegitiman las instituciones del Estado”.

El movimiento Ruptura de los 25 se pronuncia contra la clase política: El movimiento de jóvenes Ruptura de los 25 hizo público su desacuerdo frente a las acciones del Congreso Nacional y de la clase política en general: ”El asunto es que el presente y el futuro del país, de los ecuatorianos y las ecuatorianas, va mucho más allá y es más importante que Abdalá Bucaram o León Febres Cordero. Es momento de rescatar, de entre sus manos -o las de cualquiera- una justicia y un Estado que deben ser para todos. Un poder que sólo encuentra sentido si es utilizado en la construcción de más y mejores oportunidades, de bienestar y seguridad, de garantía de los derechos humanos como un proyecto ético mínimo alrededor del cual sostener nuestro proyecto de país”.

10 de diciembre del 2004

Diario El Comercio dice “Basta de Inconstitucionalidades”: En una carta dirigida al país, Diario El Comercio expresó “su desacuerdo absoluto con lo que está aconteciendo, se duele de la suerte de la República, deplora el deterioro político al que hemos llegado y manifiesta que el Gobierno y la mayoría legislativa están obligados a rectificar, a respetar la Ley y la Constitución, a honrar un mandato que, por principio, excluye la arbitrariedad”.

La Facultad de Jurisprudencia de la PUCE pide a los abogados elegidos no posesionarse en la Corte Suprema de Justicia: La Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador emitió un comunicado en contra de las actuaciones del Congreso Nacional y pidió a las personas designadas para esos cargos no asumir las funciones. “La Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador rechaza enérgicamente las actuaciones inconstitucionales del Congreso Nacional, que superponen intereses políticos y coyunturales, a la real vigencia del Estado Social de Derecho. Por ello, llama a la ciudadanía a tomar todas las acciones legales necesarias para detener que estos actos de corrupción coloquen al Ecuador al margen de la comunidad internacional y de las sociedades democráticas y demanda de las personas designadas para integrar el más alto Tribunal de Justicia, que en un acto de responsabilidad y compromiso con el país, se abstengan de posesionarse en tales cargos”.

Participación Ciudadana alerta sobre la consolidación de un régimen autoritario: En comunicado de prensa, Participación Ciudadana expresó “su voz de alerta por la evidente consolidación de un régimen autoritario, concentrador de todos los poderes e irrespetuoso de la institucionalidad existente”. Y, exhortó “a los actores políticos del país, Ejecutivo, partidos afines al Gobierno y de oposición, a revertir la escalada de ilegitimidad que se cierne sobre las instituciones de la democracia ecuatoriana, abandonar posiciones de enfrentamiento extremo y violencia y establecer mecanismos que viabilicen una salida democrática y constitucional a la crisis”.

13 de diciembre del 2004

Un juicio por usurpación de cargos: El Dr. Ramiro Aguilar Torres, abogado en ejercicio, presentó una denuncia ante la fiscal general, Mariana Yépez, contra los abogados nombrados por el Congreso Nacional para que ejerzan ilegalmente las funciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia: “Como usted puede apreciar señora Ministra Fiscal General, los ciudadanos que actualmente ocupan los despachos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están usurpando funciones ya que el Congreso Nacional no puede mediante resolución modificar ni la Constitución ni la Ley. La Constitución, en su Art. 130 no confiere al Congreso Nacional ninguna facultad para designar a los Magistrados de Corte Suprema y por el contrario, el Art. 202 de la Carta Fundamental confiere la atribución de llenar vacantes al pleno de la propia Corte Suprema de Justicia”.

14 de diciembre del 2004

La CAJ critica la interferencia en la Corte Suprema de Justicia: La Comisión Andina de Juristas emitió un comunicado en el cual rechazaba la decisión del Congreso Nacional, de destituir a 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y proceder a la designación de sus reemplazantes: “Esta decisión constituye una grave interferencia en los asuntos propios del Poder Judicial del Ecuador, lo cual conspira contra el equilibrio y separación de poderes que debe caracterizar a un Estado Democrático de Derecho.

La Comisión Internacional de Juristas preocupada por los cambios en la Corte Suprema: La Comisión Internacional de Juristas emitió un comunicado de prensa en el cual manifestaba su profunda preocupación por los cambios en la Corte Suprema de Justicia: “La destitución de este tribunal de alta jerarquía constituye un grave ataque a la independencia del poder judicial y es incompatible con estándares internacionales y con el principio de separación de poderes”.

15 de diciembre del 2004

Abogados y estudiantes demandan ante la OEA: Un grupo de abogados y estudiantes, liderados por el Dr. Alejandro Ponce Martínez, solicitó a la Organización de Estados Americanos que aplique las normas de la Carta Democrática, hecho que podría conducir a la separación del Ecuador del Consejo Permanente de dicha organización; e iniciar los procedimientos ante el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos para el restablecimiento de las libertades fundamentales conculcadas.

Las Redes de Justicia piden una vacancia judicial de la CSJ: Las Redes de Justicia del país emitieron un comunicado de prensa en el cual plantearon cinco puntos, entre ellos que los poderes del Estado declararen a la Corte Suprema de Justicia en un feriado judicial desde el miércoles 15 de diciembre, hasta que el Congreso Nacional apruebe la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial.

El Director de ProJusticia renuncia: Gustavo Jalkh Röben renunció a su cargo de director ejecutivo de Projusticia como una medida de rechazo frente a la destitución de los 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia: “Las resoluciones tomadas por el Congreso Nacional los días 8 y 9 de diciembre del presente año, mediante las cuales reestructura la composición de la Corte Suprema de Justicia y por simple resolución modifica la Constitución Política de la República, han sumido al país en la más profunda inseguridad jurídica de su historia. En nuestra Constitución no existe disposición alguna que otorgue al Congreso Nacional capacidad para nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema (...)”.

16 de diciembre del 2004

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio expone el caso de Ecuador en Washington: Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, expuso la situación que vive el Ecuador en la ciudad Washington DC, una organización mundialmente reconocida por sus análisis de problemas económicos, políticos y sociales. En dicha reunión estuvieron presentes 32 representantes del Departamento de Estado, Congreso, Senado y Organizaciones No Gubernamentales de los Estados Unidos”.

17 de diciembre del 2004

Human Rights Watch habla de la situación de Ecuador: La organización internacional Human Rights Watch expresó su preocupación por la situación que se vive en el país “La independencia judicial es un ingrediente fundamental para el funcionamiento de la democracia”, señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El hecho de que el Presidente Gutiérrez y sus aliados en el Congreso puedan purgar la Corte Suprema demuestra claramente que falta dicho ingrediente en el Ecuador actual”.

20 de diciembre del 2004

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio expone el caso de Ecuador en la Dirección de Asuntos Andinos del Departamento de Estado en Washington D.C.: El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, Blasco Peñaherrera Solah, expuso la situación del Ecuador a la Directora de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bobbie Schreibor; al representante de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, Ariel Dulintzky; al representante del presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Arístides Romo; y a Daniel Wilkinson, director de Human Rights Watch. El líder gremial confirmó que, amparados en la Carta Democrática de la cual el Ecuador es suscriptor, la Organización Internacional de Derechos Humanos y la OEA iniciarán el proceso de investigación previo a las sanciones que podrían inclusive llegar al aislamiento internacional del Ecuador.

Otro abogado acusado de usurpación de funciones: La demanda El Dr. Ramiro Aguilar Torres, abogado en ejercicio, hizo extensiva su denuncia por usurpación de funciones contra el Dr. Fernando Ortiz Bonilla, quien ejercía el cargo de Secretario General de la Corte Suprema de Justicia y fue designado por el Congreso Nacional para ser magistrado. La extensión de la denuncia la presentó a la fiscal general, Dra. Mariana Yépez.

La AEDEP pide un diálogo a favor del país: La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) pidió al Gobierno, al Congreso Nacional y a los grupos y partidos políticos que crucen puentes y procuren un diálogo que defienda los intereses del país. “Ninguna entidad puede sobrevivir sin someterse rectamente al ordenamiento que norma las relaciones entre los miembros de la comunidad; menos aún, aquellas que han sido delegadas por el pueblo para representarlo y actuar de conformidad con esa delegación”.

21 de diciembre del 2004

El Conesup hace una consulta al Procurador: El Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) realizó una consulta al Procurador General del Estado, para determinar si el Dr. Ernesto Velásquez Baquerizo, miembro principal del Conesup “puede continuar ejerciendo, simultáneamente con la magistratura, las funciones de miembro principal del Conesup, lo que aparentemente estaría impedido por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial”. Otra consulta es: ¿Puede el Congreso Nacional interpretar la Constitución Política de la República sin cumplir lo establecido en el artículo 284 de la Constitución y en dos sesiones como lo determina el artículo 146 del Reglamento Interno de la Función Judicial?”.

CLD-TI desconoce a la Corte nombrada por el Congreso: La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), capítulo ecuatoriano de Transparencia Internacional, desconoció y llamó a otras instituciones a desconocer, “a la denominada nueva Corte Suprema de Justicia, pues su nombramiento es inconstitucional e ilegal”. “Considera que quienes ocupan físicamente los despachos de la Corte Suprema no tienen capacidad constitucional ni legal para ejercer las facultades propias de los magistrados integrantes de dicho Tribunal. Dichas personas deben recordar que si proceden en contra de la Constitución o de la Ley serán responsables civil y penalmente. Asimismo, confía que en tales circunstancias no se proceda al nombramiento de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura o al nombramiento del Fiscal General del Estado, pues también adolecerían de inconstitucionalidad e ilegalidad”.

24 de diciembre del 2004

Los magistrados cesados presentan una denuncia ante la CIDH: 28 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado ecuatoriano. En la demanda, los magistrados establecen que •el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debido a la destitución inconstitucional y arbitraria de 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador (en adelante “la Corte Suprema” o “CSJ”), que fueron legítimamente elegidos para el ejercicio de sus funciones, sin sujeción a período fijo”.

27 de diciembre del 2004

El Decano de Derecho de la PUCE informa que no participará en la elección de los vocales de la Judicatura: El Dr. Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad Católica del Ecuador, envió una carta al Tribunal Supremo Electoral para informarle la decisión de la Facultad de no participar en la designación de aspirantes a vocales del Consejo Nacional de la Judicatura: “Consecuente con esa posición su Decano ni ningún miembro de la Facultad puede avalar con su presencia ningún acto proveniente de órganos ilegítimamente constituidos, actos que, por esa misma razón, son nulos, de nulidad absoluta”.

28 de diciembre del 2004

Los Angeles Times llama la atención al Gobierno de EE.UU.: Michael Shifter, vicepresidente de Inter-American Dialogue in Washington, escribió un editorial en el periódico Los Ángeles Times sobre el Ecuador. En el artículo alertó sobre la crisis constitucional del país y la indiferencia del Gobierno de Estados Unidos con respecto a la situación nacional: “How can Washington continue to talk seriously about "moral values" and "promoting democracy" while remaining oblivious to the trampling of the rule of law in a country in our own hemisphere?”.

La ONU pide un informe al Gobierno: El relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas (ONU), Leandro Despouy, envió una carta al Gobierno Nacional en la cual le manifiesta su preocupación por la decisión del Congreso de destituir a 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la misma carta pide al Gobierno que le haga llegar un informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el 28 de febrero próximo sobre la situación del poder judicial.

4 de enero del 2004

La CEUPA hace un pedido a las universidades particulares: El directorio de CEUPA (Consejo Ecuatoriano de Universidades Particulares) exhortó a los rectores de las universidades miembros del CEUPA y a los decanos de la Facultades de Derecho a abstenerse de participar en la elección del vocal elegido ante el Consejo Nacional de la Judicatura.

La Convergencia Cívica por la Democracia se presenta ante el país: La Convergencia Cívica por la Democracia, formada por ciudadanos y organizaciones ciudadanas, se presentó ante el país y condenó “la permanente y sistemática violación de las normas constitucionales y legales por parte de las instituciones públicas y lideres políticos, conminándoles a la inmediata adopción de medidas que restablezcan el régimen de derecho y aseguren el retorno a la institucionalidad y la vigencia de la democracia”.

6 de enero del 2004

Una concentración a favor de la democracia: Convergencia Cívica por la Democracia convocó a todos los sectores ciudadanos a participar en el acto público de adhesión a la Convergencia a realizarse el viernes 7 de enero, desde las 10:30, en las afueras del Congreso Nacional, frente al edificio de la Contraloría General del Estado.

La Asociación Americana de Juristas lamenta la crisis ecuatoriana: La Asociación Americana de Juristas (AAJ) hizo público un comunicado de prensa en el cual hace conocer que “lamenta la actuación del gobierno ecuatoriano que socava profundamente la ideología democrática de un estado de derecho, y atendiendo al llamado de su Rama en Ecuador, remitirá ésta declaración a otras organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel regional como internacional, con el propósito de informarles sobre lo que ocurre en este país, y se reunirá próximamente para considerar el envío de misión observadora para evaluar de forma imparcial lo que está ocurriendo”.