Falta de control, incumplimiento de metas y una difusa estructura de gestión son debilidades de Misión Vivienda

En momentos en el que se debate la importancia del acceso a la información pública en el país, Transparencia Venezuela presentó un informe denominado “Riesgos de Corrupción e Integridad: Gran Misión Vivienda Venezuela”, el cual muestra graves repercusiones que resultan de la falta de control a recursos tan numerosos como los asignados para la misión bandera del Gobierno venezolano.

El estudio contiene resultados muy lamentables del análisis de cumplimiento de objetivos y metas de efectividad y transparencia previstas en el marco legal y en las buenas prácticas anticorrupción de programas sociales. Señala también debilidades e inconsistencias que impiden que lleguen los beneficios a quien corresponde, y por ello persista la dolencia social que la Misión pretende superar.

Transparencia Venezuela evaluó ocho procesos: focalización, ingreso, gestión del programa, transferencia, salida, monitoreo y seguimiento, rendición de cuentas y reclamos, conteniendo cada uno información sobre: lo que dicen las buenas prácticas, la descripción de la situación en Venezuela, las fortalezas encontradas, las irregularidades (incumplimiento de normas, procedimientos, metas o promesas) y las debilidades (brecha entre los hechos y las buenas prácticas). 

Entre los más graves riesgos de corrupción que planteó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, se mencionó la gran dispersión del público beneficiario (3 millones de personas) lo cual dificulta la identificación de grupos con necesidades extremas a los cuales debe dárseles prioridad en estos programas. “Las buenas practicas dicen q los programas sociales deben tener muy claro a quien van dirigidos” aseguró De Freitas.

Recursos sin control

El estudio de Transparencia Venezuela, presentado este jueves 17 en la sede de la organización, logró identificar inconsistencias, falta de controles, de evaluaciones y de acceso a la información en la convocatoria al registro y en la verificación de quienes cumplen las condiciones para entrar al registro de beneficiarios. De la contratación de 13 mil 131 “brigadistas” se desconoce si hubo capacitación, normas o sistemas de control para que no se viera vulnerado o corrompido este proceso.

Por otra parte, manejar el presupuesto de una Misión a la que se le asignan recursos ($ 13.743 millones) equivalentes al presupuesto nacional de Guatemala ($ 7.509,12 millones) requiere de una estructura de gestión clara y firme; sobre la cual encontramos, en cambio, diversidad de cargos, atribuciones duplicadas y una difusa separación entre los niveles de dirección, de gestión, de operación y de evaluación y control.

Aún así, la Contraloría General de la República, en su memoria y cuenta del año 2011, no menciona ni una sola vez a la Misión Vivienda y para De Freitas es obvio ya que “sin acceso a la información sabemos que no se puede hacer contraloría social”.

El estudio presentó además debilidades como la inexistencia (o desconocimiento) de manuales de procedimientos, contratos de adjudicación y contratación de empresas nacionales e internacionales, criterios para la asignación de contratos y hasta exclusión del Registro, ya que según sostuvo De Freitas, “Sin condiciones la exclusión se presta para amenazar, extorsionar o manipular a los grupos más vulnerables”.

Todos contralores

Para la realización de este estudio, Transparencia Venezuela redactó 147 peticiones de información, dirigidas a 14 organismos públicos. La directora de la ONG invitó a la ciudadanía  a convertirse en observadores críticos de los distintos programas sociales que surgen con recursos públicos y que deben ser usados de forma eficiente, efectiva, con miras a superar las debilidades de la población, y con el debido control de las instituciones y de todos los venezolanos.