La clase política española debe ser más transparente y rendir cuentas de sus acciones

La influencia de los partidos políticos pone en riesgo la eficacia de los órganos de control público

La crisis económica española podría acrecentarse si los partidos políticos no consensúan las grandes reformas y refuerzan la transparencia interna, además de renunciar a controlar el funcionamiento de los órganos constitucionales fundamentales, ha anunciado hoy Transparencia Internacional España en un informe sobre los riesgos de corrupción en las instituciones del país.

El informe sobre el Sistema de Integridad Nacional de España, denominado El Marco de Integridad Institucional en España: situación actual y recomendaciones; advierte que los mecanismos de integridad que ya existen no se aplican suficientemente porque instituciones como los órganos de control del gasto público se encuentran bajo presión de los partidos políticos que priorizan los intereses a corto plazo sobre la reformas a largo plazo.

Este informe  evalúa concretamente las fortalezas y debilidades en cuanto a integridad y transparencia de las doce instituciones españolas más significativas en este terreno: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Sector Público, las Agencias de aplicación de la ley, los Partidos políticos, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Juntas  Electorales, la Sociedad civil, los Medios de comunicación y el Sector empresarial.

Jesús Lizcano, presidente  de Transparencia Internacional España,  ha manifestado en la presentación del Informe en la sede de la Fundación Ortega-Marañón que "España obtiene una buena puntuación en materia de gobernanza, es decir, que el apoyo de las instituciones españolas a los gobiernos podría proporcionar un liderazgo eficaz. Sin embargo, en la práctica esto no constituye ninguna garantía teniendo en cuenta que nuestro estudio ha identificado debilidades en el sistema de representación y equilibrio de poderes ".

La confianza en la política es baja

Los partidos políticos son vistos como la institución más corrupta del país, según las últimas ediciones del Barómetro Global de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. A pesar de encontrarse actualmente en proceso de adopción una ley de transparencia, el hecho de que hoy en día España sigue siendo el único país de más de un millón de habitantes en la UE sin una ley que garantice el derecho de acceso a la información pública aumenta la brecha entre el Estado y la ciudadanía, según el informe.

Transparencia Internacional España ha demandado un marco de acción inmediata:

• Una estrategia nacional de lucha contra la corrupción asumida por las Cortes
• Reglas que obliguen a una mayor transparencia en la financiación y gestión de los fondos por parte de los partidos políticos.
• Una reforma electoral que haga a los partidos políticos más representativos.
• La despolitización de la elección de los órganos supremos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Acciones necesarias para evitar futuros problemas económicos

El control del Tribunal de Cuentas de España, un órgano de control del gasto público independiente por ley, se ha debilitado en la práctica por influencia de los partidos políticos, advierte el informe de Transparencia Internacional España.

Los gobiernos locales de España, que han acumulado más de 200.000 millones de euros de deuda, se ven obligados a llevar a cabo recortes, pero ello ha aumentado, al tiempo, la necesidad de mejorar el sistema de rendición de cuentas de sus actos. Según un reciente estudio del CIS, casi el 90% de los ciudadanos españoles  cree que existe corrupción entre los políticos en España, por lo que los españoles se encuentran entre los europeos más propensos a creer que sus políticos están involucrados en la corrupción.

"Teniendo en cuenta el importante papel de los partidos políticos en España, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad debe manifestarse en el ámbito político. Con la actual debilidad del marco institucional de integridad en España, una mayoría política absoluta garantiza un control casi absoluto sobre las instituciones públicas, y esto genera un gran riesgo en términos de abuso de poder", ha afirmado D. Manuel Villoria, Director e investigador principal del estudio.

Asimismo, Jesús Sánchez Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional, añadía que “del mismo modo que se plantea hoy como un problema esencial el llamado “secuestro del regulador”, en donde los grupos de poder económico regulado penetran en el ente regulador, en los partidos políticos existe una osmosis entre las elites económicas, los grupos de intereses, y la clase política que desequilibra el modelo de representación social. Hoy en la lucha contra la corrupción se ha revelado ineficiente los sistemas de incompatibilidades que se corresponden con un modelo de Estado decimonónico. Hay que superar el modelo de pensar en sistema de inhabilidades. Hay que exigir valentía de los dos partidos políticos, elemento esencial de la democracia, de cuya supervivencia futura depende el que hoy sean capaces de adoptar decisiones drásticas”.

Los partidos políticos, al menos formalmente, debido a la financiación pública que les sostiene, podrían ser independientes de los intereses económicos, pero su organización interna no es suficientemente transparente y falta representatividad frente a los ciudadanos. Además, dado que dependen principalmente de la financiación pública (que depende, a su vez, del número de actas de diputados conseguidas), son muy  desiguales recursos económicos. El nivel de transparencia en la gestión y control de los recursos presupuestarios que muestran es baja.

Entre las instituciones más sólidas en España se encuentran las agencias de aplicación de ley (Fiscalía y Policía/Guardia Civil), que destacan por su nivel de neutralidad, profesionalidad y por su firme compromiso con el respeto a la legalidad, máxime cuando se trata de abordar el comportamiento corrupto e ilegal. Sin embargo, de acuerdo con el informe, el sistema se caracteriza por la existencia de un riesgo de politización, que debe ser minimizado. Aunque el enjuiciamiento de varios casos de corrupción de alto nivel se ha llevado a cabo con éxito, los procesos han tenido gran repercusión mediática y, como resultado, ha aumentado la percepción de la corrupción, circunstancia que genera mayor desconfianza en las instituciones. Es preciso prevenir y no sólo sancionar la corrupción.

Nota:

Este informe forma parte de un proyecto internacional realizado en 2011, promovido en 25 países por Transparencia Internacional, y se ha proyectado de forma simultánea sobre  300 instituciones nacionales de dichos países, habiendo contado con financiación de la Comisión Europea.