Mantener a los ciudadanos seguros: un agenda anticorrupción para las Américas
Translation of: Keeping citizens safe: an anti-corruption agenda for the Americas
Cuando la gente vive con miedo por la violencia y en estados donde el crimen organizado ha capturado a las instituciones que en teoría les deben proteger, se les está denegando sus derechos humanos. Estos pueden incluir el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la protección igual ante la ley y el derecho a reunirse de forma pacífica.
La delincuencia y la violencia en América son inaceptables y han alcanzado niveles más que preocupantes. Según la Organización Panamericana de la Salud, los indices de criminalidad se han duplicado en América Latina en los últimos 25 años y la violencia reciente vinculada a la droga en México ha conseguido titulares en todo el mundo.
Los ciudadanos están teniendo pérdidas económicas causadas por la delincuencia ya que esta distorsiona la capacidad del estado de luchar contra la pobreza e inequidad. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo de la delincuencia que genera el crimen organizado es US$168.000 millones, equivalente al 15 porciento del producto interior bruto (PIB) de Latinoamérica. Los casos más extremos son El Salvador y Colombia donde llegó a ser el 25 porciento del PIB de 2007.
La corrupción es el centro del problema, es causa y facilitador.
En vísperas de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que tendrá lugar en El Salvador (5 a 7 de Junio de 2011), Transparency International ha presentado una serie de recomendaciones para luchar contra la corrupción y fortalecer la seguridad ciudadana en las Américas.
Seguridad Ciudadana: la situación social en la cual las personas pueden ejercitar de forma libre sus derechos fundamentales.
Corrupción e (In)seguridad
La corrupción perjudica los pilares de la sociedad –político, económico, militar, social y medioambiental- que se supone deberían proteger a los ciudadanos. La “compra” de candidatos electorales, del poder judicial y de la policia local por parte del crimen organizado destruye la capacidad del estado de actuar en favor de los ciudadanos.
En los peores casos, la corrupción facilita también la captura del estado por actores legales e ilegales quienes buscan mantenerse impunes por sus actos y asegurar el tráfico ilegal de objetos y dinero.
El Barómetro Global de la Corrupción 2010 de TI reveló que casi un cuarto de los latinaomericanos encuestados habían pagado un soborno al poder judicial y 19 lo hizo a la policia. Una encuesta nacional del capítulo de TI en Perú, Proética, puso de manifiesto que 69 porciento de los peruanos consideran que la policía es corrupta.
¿Qué se puede hacer?
Cuando los 34 miembros de la OEA se reúnan en El Salvador, abordarán cómo pueden colaborar mejor a nivel regional para reducir esta problemática. La delincuencia y corrupción son fenómenos que no conocen fronteras y tampoco lo deberían ser sus soluciones. Los países analizarán también estrategias nacionales para mayor seguridad ciudadana.
Transparency International y representantes de sus capítulos nacionales en América presentarán recomendaciones para reducir la corrupción y promover enfoques al tema de seguridad ciudadana que estén basados en los principios de democracia, y en una ilimitada participación de la sociedad civil.
Las recomendaciones de TI incluyen:
- Introducir medidas anticorrupción en el trabajo de las fuerzas de seguridad: La corrupción en las instituciones responsables de proteger a los ciudadanos, sobretodo la policia, es un obstáculo para la implementación de respuestas efectivas a la delincuencia. TI exige una mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad mediante la creación de mejores sistemas de evaluación y rendimiento.
- Involucrar a la sociedad civil en asegurar que los gobiernos cumplen con su responsabilida de luchar contra la corrupción: La OEA adoptó en 1996 una convención contra la corrupción pero las evaluaciones de TI sobre su implementación ponen de manifiesto la existencia de vacios en su puesta en práctica. La sociedad civil juega un papel central como observador sobre cómo los estados implementan la Convención por lo que TI aboga para que acaben las restricciones al monitoreo desde la sociedad civil.
- Mayor acceso a la información para permitir el monitoreo de la sociedad civil y de la comunidad: Las Políticas efectivas de seguridad ciudadana requieren un escrutinio público y el involucramiento de la sociedad civil en su diseño, implementación y evaluación. Por ejemplo, TI trabaja con comunidades en Bolivia, Guatemala y Perú para empoderar a ciudadanos a monitorear los Programas de Transferencias Condicionadas buscando eliminar la corrupción. Los beneficiarios de estos programas, son las más indicadas para monitorear los mismos e indentificar fallas en el sistema.
El año pasado, el Primer Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia reunió a más de 150 representantes de poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos de control, medios de comunicación, sociedad civil y empresas privadas. El Foro fue un paso más de la Declaración de Guatemala, firmada en 2006 por ocho países de Centroamérica y el Caribe para desarrollar respuestas concretas a los retos que planteaban la delincuencia y la inseguridad en la región.
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41 Asamblea General OEA, Seguridad Ciudadana en las Américas, sitio de web
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