Centroamérica: Foro apunta a reducir el impacto de la corrupción

Posted 31 October 2011

Translation of: Central America Forum aims to curb corruption’s impact

Esta semana gente de todas partes de América Central y República Dominicana estarán observando a Costa Rica, representantes de gobiernos, empresas, medios de comunicación y la sociedad civil se reúnen para El Segundo Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia en San José. El Foro es una oportunidad única para que los principales actores involucrados en la lucha contra la corrupción puedan coordinar medidas para erradicar la corrupción, intercambiar experiencias y discutir temas relevantes para la región.

Los progresos realizados desde la firma de la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción, hecha por los presidentes de la región y un delegado de República Dominicana en 2006 fueron analizados durante el Foro del año pasado en El Salvador. Como resultado, la Declaración fue actualizada, así como el compromiso de llevar a la practica la implemenatacion de otras convenciones anti-corrupción por parte de actores de todos los sectores implicados en la lucha contra la corrupción.

El Foro de este año tendrá un enfoque en la revisión de los efectos que tiene la corrupción, así como en las principales preocupaciones y prioridades para la región.

La democratización como una prioridad regional

La corrupción ha obstaculizado los procesos de democratización en varios países de América Central en las últimas dos décadas. Los ciudadanos de la región pueden participar en elecciones, las cuales en su mayoría son libres y justas. Pero los gobiernos han tenido dificultades para lograr un cambio significativo para convertir la democracia en una realidad para los ciudadanos más allá de los periodos electorales. Las instituciones democráticas que deben representar a los ciudadanos son todavía imperfectas. Se necesitan con urgencia ampliar la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y otras características clave de los regímenes democráticos.

En muchos casos esto ha llevado a las personas a tener bajos niveles de confianza en sus gobiernos y en los partidos políticos. Las instituciones públicas cooptadas por las prácticas corruptas no sólo amenazan con frenar la consolidación de la democracia en toda la región, sino también socavar los esfuerzos para superar la pobreza y la desigualdad, y para establecer una economía dinámica. La corrupción también abre la puerta al crimen organizado.

La corrupción permiet al crimen organizado seguir operando su negocio

El crimen y la violencia se encuentran actualmente en niveles inaceptables y preocupantes en algunos países de América Central. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el costo de la violencia generada por el crimen organizado es de $ 168 mil millones de dólares en toda América Latina. Uno de los casos más extremos es El Salvador, donde se calcula que el costo de la violencia es equivalente al 25 por ciento del PIB del país para en el año 2007.

Según un reciente estudio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador es el país más violento del mundo, con más de 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Otros países de Centroamérica con altos índices de homicidios son Guatemala y Honduras.

Los niveles de criminalidad y la violencia en otros tres países de la región (Costa Rica, Nicaragua y Panamá), son considerablemente más bajos, pero un aumento en los últimos años ha suscitado serias preocupaciones. El 71 por ciento de los centroamericanos identifican al crimen como la principal amenaza a su bienestar. La relación entre el crimen organizado y la corrupción es simple: las redes criminales utilizan la corrupción para llevar a cabo actividades ilícitas, así como para evitar ser investigados y llevados a juicio.

Las fuerzas de seguridad y la confianza pública

La corrupción en las fuerzas de seguridad y en las instituciones publicas, principalmente la policía, dificulta la implementación de respuestas eficaces contra la delincuencia. Esto sucede en algunos países de América Central en donde las instituciones encargadas de luchar contra ella están debilitadas por la corrupción.

Transparencia Internacional identifica en el Barómetro Global de la Corrupción de 2010 que cerca de una quinta parte de las personas encuestadas en América Latina pagó un soborno a la policía en el último año. Por otra parte, el 70 por ciento de los encuestados en un estudio realizado en la República Dominicana en 2008 por el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública señala que la policía esta directamente relacionada con grupos criminales.

Esto crea un clima de temor y falta de confianza en las instituciones de seguridad. La delincuencia organizada ha sido hábil para aprovechar las debilidades institucionales de la policía. En la región, las fuerzas policiales operan con frecuencia con procesos y doctrinas que son anacrónicas, y a menudo institucional y financieramente débiles, por lo que es más fácil para el crimen organizado maniobrar al margen de la ley.

Prevalece la impunidad cuando la justicia es débil

Según un informe reciente del Banco Mundial la debilidad de las instituciones judiciales se encuentran entre los principales factores generadores de violencia de la región. Esta debilidad no sólo limita la eficacia para penalizar del delito, sino que también plantea una grave amenaza para la estabilidad democrática.

La corrupción socava los sistemas judiciales, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio justo e imparcial. Esto, a su vez, aumenta los daños económicos por la disminución de confianza de los inversionistas, dificultando los esfuerzos para reducir la pobreza en América Central. Tanto el pequeño soborno como la influencia política en la judicatura debilitan la capacidad del sistema de justicia para luchar contra la corrupción y deterioran la cohesión social.

Un sistema judicial débil se traduce también en una limitada confianza de los ciudadana en las instituciones. No es de extrañar que los denunciantes y las víctimas de la corrupción no tengan confianza para denunciar delitos, ya que una cuarta parte de los latinoamericanos reporta haber pagado un soborno al sistema judicial en un periodo de doce meses.

¿Qué se puede hacer?

La corrupción sigue afectando la vida cotidiana de millones de personas en toda América Central y la República Dominicana de diversas maneras, desde el pequeño soborno y el temor a los delitos violentos, hasta la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

Sin embargo, no todos los esfuerzos para frenar la corrupción en la región han fracasado. Ahora existe una mayor conciencia de lucha contra la corrupción en los ciudadanos en América Central, donde los medios de comunicación están desempeñando un importante papel como organismo de control.

La transparencia en la administración pública es ampliamente reconocida como una condición previa para luchar contra la corrupción en la región. Mientras tanto, la ratificación de instrumentos internacionales contra la corrupción como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un importante paso adelante para avanzar el marco jurídico. Sin embargo, queda mucho más por hacer.

Los temas clave para la agenda anti-corrupción que se abordarán en el Segundo Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia son:

Aplicación de convenciones internacionales como instrumentos contra la corrupción
El papel del sector privado en la lucha contra la corrupción
Mecanismos de protección para denunciantes, víctimas y testigos de la corrupción
Los medios de comunicación como organismo de control de los sectores público y privado
Los vínculos entre la corrupción y la seguridad ciudadana
Transparencia judicial
La lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad
Amenaza del crimen organizado para la financiación de los partidos políticos y las campañas

Al final del Foro se publicara una declaración final y recomendaciones para identificar los puntos clave de acción, los cuales son esenciales para el progreso en la lucha regional contra la corrupción.