Los gobernantes y legisladores electos son frecuentemente acusados de haber participado en casos de corrupción política. El abuso del poder que se les ha confiado a líderes políticos (gobernantes o legisladores) para obtener ganancias con el objetivo de aumentar su poder o riqueza personal –definición contemporánea del término corrupción– adquiere varias formas.

Uno de los mecanismos más importantes para vincular cargos públicos a intereses privados es el financiamiento político. A cambio de aportes a campañas electorales o a partidos políticos, los donantes privados son favorecidos con las decisiones de los representantes electos, por ejemplo con actividades reguladoras de gobiernos y legisladores, en la contratación de bienes y servicios, en el área de impuestos y tributos o en la supervisión de leyes laborales o de protección ambiental.

Para el candidato o partido, los beneficios en términos de poder son obvios: la probabilidad de ser elegido a algún cargo público crece significativamente conforme aumentan los recursos financieros de partidos y campañas políticos. Los beneficios también pueden ser de orden material, por ejemplo, dinero, viajes pagados, becas para familiares, etc. Estas dos modalidades, soborno material y apoyo para acceder a poder político, son las contrapartidas privadas para la clase política involucrada en casos de corrupción.

El campo de financiamiento político gira entre dos polos: en un extremo están los ideales democráticos, y en el otro, la necesidad real en las democracias modernas de tener que pagar por la comunicación con el electorado.

El marco legal para regular este campo de relaciones financieras entre poder privado y representación política varia mucho entre país y país. Sistemas de financiamiento político restrictivos imponen límites severos a donantes y candidatos en cuanto a los montos permitidos para apoyar campañas políticas. Uno de los desafíos es cómo poner en práctica estas restricciones severas.

Es común descubrir que detrás de la fachada de reglas perfectas se establezcan prácticas de financiamiento totalmente opacas.

Otros países han optado por permitir donaciones sin límites, pero insistir en que las relaciones financieras entre donantes y representantes sean abiertas. En estos casos hay un peligro real de que los ciudadanos tengan una visión muy cínica acerca de la influencia del poder económico sobre la representación política.

Si bien el financiamiento por parte del sector privado levanta sospechas, hay otras formas de financiamiento igualmente problemáticas.

Una de las formas más tradicionales de manipular elecciones es mediante el uso de la máquina gubernamental para apoyar ciertas candidaturas. Hoy en día existen varias restricciones legales contra esta forma de abuso de recursos públicos, que tiene como fin asegurar la permanencia en el poder. No obstante, el uso de la maquinaria gubernamental sigue siendo una realidad en muchos países.

Entre todos los actores, los medios de comunicación merecen especial atención, por dos motivos. Como proveedores de espacio de publicidad, los medios ofrecen uno de los servicios más importantes y más costosos a los organizadores de campañas políticas en sociedades caracterizadas por el papel central de la comunicación masiva. Como tal, deben ser uno de los objetos centrales de observación para disminuir la corrupción política.

Por otro lado, los medios – el llamado “cuarto poder” – tienen un rol importante como observadores críticos de la esfera política. Esto también implica riesgos de corrupción, ya que pueden favorecer a ciertos candidatos a cambio de un soborno o de la promesa de tratamiento favorable en decisiones políticas que afectan el sector.

Por estos motivos, tanto las actividades periodísticas como los espacios de publicidad son objeto de regulación estatal y de observación crítica por parte de los medios mismos y de otros observadores de la sociedad civil.

Los partidos políticos son actores centrales en las democracias modernas. En cuanto a financiamiento político, los partidos son máquinas poderosas para levantar recursos y dar soporte organizacional y conceptual para la competencia política. Por este motivo, el financiamiento de las campañas es inseparable del financiamiento de los partidos.

Por tanto, para combatir la corrupción en el financiamiento político hay que empezar con una visión global de recursos para campañas y partidos, de sus diferentes fuentes públicas y privadas, considerando aportes tanto en dinero como en especie, con un enfoque en el rol de los medios.