“No queremos un sistema de violencia política”
Entrevista a Valeria Merino–Dirani, Directora Ejecutiva del Capítulo Ecuador de Transparency International (TI) y miembro del Directorio de TI
Desde diciembre pasado medidas del Gobierno han llevado al Ecuador a una palpable crisis institucional. La remoción de 27 de los 31 miembros de la Corte Suprema de Justicia ha determinado una amenaza a la constitucionalidad en ese país.
Berlín 8 de febrero de 2005.- En su paso por Londres, Valeria Merino-Dirani habló sobre la situación por la que está pasando el Ecuador donde, en diciembre pasado, el Congreso destituyó a 27 de los 31 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta y otras medidas inconstitucionales llevadas adelante por el Gobierno han causado gran revuelo interno y Merino-Dirani ha llevado los reclamos de la ciudadanía a un plano internacional.
¿Cuál es la situación que se está viviendo en Ecuador desde diciembre del año pasado?
El partido en el Gobierno, que controla la mayoría parlamentaria, tiene control sobre todos poderes del Estado, puesto que ha nombrado a nuevos miembros en el Consejo de la Judicatura –el órgano encargado de nombrar, remover y sancionar jueces-; en el Tribunal Constitucional –el organismo que vela por el funcionamiento del Estado bajo los parámetros constitucionales-; el Tribunal Supremo Electoral –que, teniendo en cuenta que habrá elecciones presidenciales en 2006, es un órgano vital para garantizar el buen funcionamiento del sistema electoral-; y lo último que ha hecho fue destituir a 27 de los 31 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sustituirlos por jueces afines a su partido.
¿Qué procedimiento siguió el Gobierno para establecer estos cambios?
Todo esto se ha hecho de manera inconstitucional, sin seguir los procedimientos que plantea nuestra normativa. El Congreso emitió una resolución con este nuevo ordenamiento sin tener en cuenta que el procedimiento adecuado es llevar a juicio político a los magistrados para luego establecer su remoción. Pero el Congreso no tiene facultades para remover o nombrar jueces, todo esto es totalmente inconstitucional; pero la sociedad no puede reclamar ante el Tribunal Constitucional porque también está dominado por esa facción que controla, ahora, los tres poderes del Estado.
Ha habido manifestaciones de parte de la sociedad civil en contra de estas medidas y los medios de comunicación también han manifestado su desacuerdo ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno ante estos llamados de atención?
Ni el Presidente Lucio Gutiérrez ni la mayoría en el Congreso quieren recapacitar. Y esto es peligroso porque estamos ante una amenaza de violencia política. Los medios de comunicación han venido informando sobre este tema desde hace 9 semanas y algunos periodistas hasta han recibido amenazas. La Corte Suprema amenazó con encarcelar a los manifestantes que protestaban frente a su edificio. Esta es una clara situación de rompimiento de la Constitución.
¿Cuál es el objetivo de su viaje a Inglaterra?
El objetivo de mi viaje es explicar a los funcionarios del Gobierno británico la situación por la que está atravesando el Ecuador. Además, reunirnos con otras organizaciones internacionales para crear un círculo de soporte desde fuera del país y, al mismo tiempo, conversar con los medios de comunicación británicos sobre este tema.
¿Cómo ve el desarrollo de los hechos de ahora en adelante?
Nosotros no queremos un sistema de violencia política en nuestro país. Ecuador siempre ha sido pacífico, nunca tuvimos el problema de que una facción controlara los poderes del Estado. Antes siempre se pudo discutir abiertamente sobre los problemas por los que estaba atravesando el país. Esperamos y queremos que la violencia no escale. Por esto es que queremos elevar el nivel de atención en la ciudadanía, para que se puedan tomar medidas que frenen estas decisiones inconstitucionales que está tomando el Gobierno.
¿Qué otras medidas tomará la sociedad civil?
Desde CLD-TI estamos haciendo algunas actividades para alertar a la ciudadanía, como por ejemplo una campaña que se llama “Pite para que se vayan” que consiste en que los ciudadanos pasen por la puerta del edificio en donde funciona la Corte Suprema y “piten” una corneta, que hagan algún tipo de ruido con un silbato. Desde el grupo “Convergencia Democrática” –que reúne a organizaciones de la sociedad civil y a partidos políticos de la oposición- estamos organizando una marcha en las calles de Quito para el 17 de febrero, en donde esperamos contar con un gran número de personas.
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